Con el inicio de 2026, el Gobierno de San Luis Potosí activó el cobro del impuesto estatal de Control Vehicular con un incremento que ha generado inconformidad entre contribuyentes, al pasar de 1,344 a 1,400 pesos por unidad, pese a que tanto el gobernador del estado como el Congreso local habían asegurado públicamente que no habría aumentos ni nuevos gravámenes este año.
De acuerdo con la información oficial, el cobro total de 1,400 pesos se integra por 1,120 pesos correspondientes al “control vehicular” y 280 pesos bajo el concepto de “asistencia social”, una figura que, en los hechos, funciona como un cargo obligatorio adicional para los propietarios de vehículos particulares.
El ajuste, aunque presentado como marginal, contradice el discurso gubernamental de contención fiscal y no incremento de impuestos, particularmente en un contexto económico adverso para miles de familias potosinas que enfrentan inflación, aumento en servicios básicos y pérdida de poder adquisitivo. La inclusión del concepto de “asistencia social” dentro de un impuesto vehicular ha sido señalada como poco transparente y carente de una explicación clara sobre el destino y uso específico de esos recursos.
El mismo monto de 1,400 pesos aplica también para motocicletas cuyo precio factura supere los 30 mil pesos, lo que amplía el impacto del cobro a un sector que utiliza este tipo de transporte como herramienta de trabajo o medio económico de movilidad.
La Secretaría de Finanzas informó que existe un subsidio de 560 pesos para personas de 60 años y más, lo que reduce el pago a 840 pesos, sin embargo, este beneficio no elimina la crítica central: el incremento sí ocurrió, pese a las promesas oficiales en sentido contrario.
Para quienes mantienen adeudos de años anteriores la dependencia estatal ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y recargos, medida que busca incentivar la regularización, aunque no atenúa el reclamo por el aumento base del impuesto.
