La publicación del Decreto 0506 en el Periódico Oficial del Estado activó el proceso legal para la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, marcando el arranque de una reconfiguración institucional en materia de transparencia y protección de datos en San Luis Potosí.
Con la entrada en vigor de la reforma el pasado 2 de abril, comenzó el plazo de 120 días naturales para que el Congreso del Estado emita la legislación secundaria que definirá el nuevo modelo. A partir de ese momento, el organismo autónomo dejará de existir formalmente.
Mientras se completa este proceso, la CEGAIP continuará operando de manera transitoria, en tanto no entren en vigor las nuevas disposiciones legales que establecerán las autoridades responsables de garantizar el acceso a la información pública.
El decreto plantea un cambio en la distribución de competencias, al trasladar la responsabilidad en el ámbito estatal y municipal al Poder Ejecutivo, mediante un organismo desconcentrado que dependerá de la Contraloría General del Estado. En paralelo, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, asumirán estas funciones a través de sus órganos internos de control o áreas equivalentes.
El nuevo esquema contempla la creación de un Subsistema de Transparencia estatal, que fungirá como mecanismo de coordinación entre las distintas instancias, con el objetivo de homologar criterios, evaluar políticas públicas y fortalecer la rendición de cuentas.
En los artículos transitorios se establece que la extinción de la CEGAIP se concretará una vez que se publiquen las leyes secundarias, las cuales también deberán definir la transferencia de atribuciones, recursos materiales, plataformas tecnológicas y sistemas al nuevo ente responsable.
Asimismo, se prevé que las personas comisionadas concluyan su encargo al momento de la entrada en vigor de la nueva legislación, cerrando así el ciclo del organismo autónomo encargado de garantizar este derecho en la entidad.
Respecto al personal, el decreto garantiza la protección de sus derechos laborales y abre la posibilidad de que sean incorporados a las nuevas estructuras institucionales, conforme a lo que determinen las leyes que se emitirán en los próximos meses.
