La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, avalada por el Senado, podría incrementar la carga burocrática en la gestión del recurso hídrico y dejar sin opciones claras para resolver disputas comunitarias, advirtió la académica Violeta Mendezcarlo Silva, investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP e integrante del Grupo Universitario del Agua.
Mendezcarlo explicó que la eliminación de la figura de cesión de concesiones —uno de los cambios centrales de la reforma— obligará a que cualquier transferencia de predios o activos que incluyan un título de agua vuelva automáticamente a manos de la autoridad. En esos casos, los nuevos propietarios tendrán que iniciar un trámite para obtener nuevamente la concesión, aun si el uso y el volumen permanecen igual. Aunque se plantea un procedimiento abreviado, la investigadora considera que esto centraliza y complica procesos que antes eran más ágiles.
La especialista señaló que el proyecto no incorpora mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), a pesar de que los conflictos por el control y uso de fuentes de agua son frecuentes en las comunidades. Esta omisión, dijo, contradice el propósito declarado de fortalecer la gobernanza del agua.
Asimismo, cuestionó que la reforma no contemple una evaluación de la pertinencia del uso de las concesiones al momento de renovarlas o reasignarlas, lo que, a su juicio, va contra el principio in dubio pro aqua, que establece que cualquier duda debe resolverse en favor de la protección del derecho humano al agua y al saneamiento.
