Francisco Javier N., empresario vinculado con contratos gubernamentales en San Luis Potosí, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en actos de espionaje y hackeo dirigidos contra medios de comunicación locales. Así lo reveló una fuente al interior de dicha institución, según información difundida por la organización Ciudadanos Observando.
De acuerdo con esta agrupación ciudadana, el 31 de julio de 2025 se llevó a cabo un operativo federal en el que no fue cateada una sola residencia, como se informó inicialmente, sino tres casas distintas utilizadas presuntamente como búnkeres tecnológicos. En todas ellas fueron asegurados servidores utilizados para espionaje y hackeo, así como equipo especializado que —según fuentes de la FGR— aún no ha sido devuelto al empresario.
Las ubicaciones de los inmuebles cateados incluyen una residencia en el fraccionamiento Club de Golf La Loma, otra detrás del Club Libanés, cerca del salón de fiestas La Selva, y una más en Lomas Cuarta Sección. La magnitud del operativo, que incluyó presencia de elementos armados de fuerzas federales, contradice la versión oficial dada en su momento por el gobernador Ricardo Gallardo, quien minimizó los hechos al afirmar que se trataba únicamente de una detención por violencia familiar.
«Resulta poco creíble que se despliegue un operativo federal de alto nivel por un delito que corresponde a autoridades locales«, señaló Ciudadanos Observando, cuestionando la narrativa gubernamental y subrayando la gravedad de las investigaciones en curso.
La organización recordó que los hechos podrían estar relacionados con una serie de agresiones cibernéticas ocurridas en octubre de 2023, cuando un grupo de medios —incluyendo a Ciudadanos Observando— fue blanco de un operativo digital que buscaba eliminar información sensible. No se trató de un incidente aislado, sino de una operación coordinada que afectó miles de notas periodísticas, investigaciones sobre corrupción y documentos de interés público. Algunos medios sufrieron múltiples ataques, sin que hasta ahora se haya sancionado a los responsables.
“El objetivo fue claro: silenciar voces críticas mediante intimidación y censura”, advirtió la organización, al subrayar que este tipo de agresiones representa un atentado directo contra la libertad de expresión en México.
Aunque Francisco Javier N. enfrenta otros procesos penales en libertad, la indagatoria por espionaje digital podría escalar si los análisis forenses a los dispositivos incautados confirman su participación en una red ilegal de vigilancia.
“¿Quién ordenó los ataques? ¿Por qué un proveedor del gobierno estaría involucrado en estas acciones? ¿A quién beneficiaba el silencio de los medios?”, cuestionó Ciudadanos Observando. Para la organización, estas preguntas siguen sin respuesta por parte de las autoridades, lo que agrava el clima de impunidad y pone en riesgo el ejercicio periodístico en la entidad.
El caso continúa bajo investigación.
