En una serie de publicaciones en redes sociales, Joaquín García Martínez, actual director de los Centros Culturales y Recreativos Tangamanga, ha evidenciado una preocupante desviación de funciones al fungir como promotor del programa estatal “Red Verde”, una iniciativa encabezada por el Gobierno del Estado para entregar chips celulares con internet gratuito. Su protagonismo en estas tareas plantea serias dudas sobre el uso del aparato gubernamental para fines de posicionamiento político-electoral.
Desde su cuenta personal, García Martínez presume visitas y entregas en municipios como Cerro de San Pedro, San Ciro de Acosta y Tamuín, entre otros. En todos los casos, aparece encabezando eventos de entrega de chips del programa Red Verde, agradeciendo a alcaldes y “siguiendo instrucciones” del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a quien menciona de forma reiterada y hasta promocional.
“Con el apoyo sin límites del Gobernador @rgc.mx (…) brindará a miles de jóvenes internet gratuito, llamadas y mensajes”, se lee en una de sus publicaciones.
Lo cuestionable no es la promoción de un programa estatal, sino que quien la realiza sea un funcionario cuyo encargo nada tiene que ver con programas de conectividad, telecomunicaciones o desarrollo social.
Abandono de su encomienda institucional
Los Centros Culturales y Recreativos Tangamanga —espacios de esparcimiento, cultura y medio ambiente emblemáticos del estado— exigen una dirección técnica, operativa y comprometida con su mantenimiento, mejora e innovación. Sin embargo, el titular de estos espacios ha optado por ejercer como operador territorial de programas sociales, reduciendo su papel a tareas logísticas y propagandísticas que podrían y deberían ser ejecutadas por otras instancias.
Este desvío de atención no es menor: implica dejar de lado las responsabilidades propias del cargo, que incluyen la gestión de los parques, la promoción cultural, la conservación del entorno natural y la coordinación de actividades comunitarias. Todo esto en un estado donde los espacios públicos requieren inversión, supervisión y creatividad institucional.
Las reiteradas menciones al gobernador, la puesta en escena con alcaldes y el lenguaje propagandístico refuerzan la sospecha de que la entrega de chips no es sólo un acto de política pública, sino un ejercicio de promoción personal y partidista que utiliza recursos del estado para apuntalar la presencia del “Gallardismo” en las regiones más vulnerables.
