La atención de los conflictos laborales en San Luis Potosí enfrenta limitaciones operativas debido a la reducción de personal en áreas clave, una situación provocada principalmente por jubilaciones y ajustes internos, y no por un repunte en las controversias, reconoció el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Crisógono Sánchez Lara.
El funcionario explicó que tanto el Centro de Conciliación Laboral como la Dirección del Trabajo operan con plantillas incompletas, lo que ha dificultado el seguimiento oportuno de las demandas. Detalló que, además de los casos locales, cada mes ingresan entre 20 y 25 nuevos asuntos a través de una plataforma federal, lo que incrementa la carga de trabajo sobre una estructura que no se reforzó tras la salida de trabajadores.
Según los diagnósticos internos de la dependencia, la Dirección de Conciliación requiere al menos siete conciliadores adicionales para comenzar a reducir el rezago acumulado. En el caso de la Dirección del Trabajo, la carencia es más severa: actualmente cuenta con cinco inspectores, cuando el mínimo operativo estimado es de 15, lo que restringe la capacidad de supervisión y verificación en los centros laborales.
Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo inició una revisión de su plantilla para detectar perfiles que puedan reasignar y capacitar, con el fin de reforzar de manera temporal las áreas con mayor saturación. Sánchez Lara reconoció que se trata de una medida transitoria que no soluciona el problema de fondo, pero que busca contener el incremento del rezago.
El titular de la dependencia adelantó que buscará dialogar con autoridades estatales para evaluar un posible fortalecimiento presupuestal que permita cubrir las vacantes. No obstante, precisó que el Centro de Conciliación Laboral depende de recursos federales directos, cuyo aumento aún no se autorizó, lo que limita nuevas contrataciones en el corto plazo.
Pese a la falta de personal, el funcionario aseguró que no existen conflictos laborales graves pendientes en la entidad. Indicó que el fallecimiento de un trabajador en una empresa de Ciudad Valles se resolvió conforme a la ley, y que las inconformidades relacionadas con el pago de aguinaldos se atendieron tras la intervención de la autoridad laboral.
La situación, admitió, evidencia las debilidades estructurales del sistema laboral estatal, donde la salida de personal por jubilaciones y ajustes administrativos no se acompañó de un refuerzo equivalente, lo que mantiene la atención de las demandas bajo presión constante.
