La imparcialidad es el pilar de cualquier proceso democrático. Sin embargo, en San Luis Potosí, la legalidad y la ética parecen ser meros adornos cuando se trata de los intereses del poder. José Luis Ruiz Contreras, actual secretario de Seguridad del estado, está protagonizando un teatrito personal que pone en duda la transparencia del proceso electoral judicial: mientras participa en la organización y toma de decisiones en las medidas de seguridad para la elección de jueces y magistrados, también figura como candidato en la contienda.
Es decir, el funcionario no solo está involucrado en definir las reglas del juego, sino que también juega. Y esto, sin rodeos, es inaceptable.
Bajo el argumento de su función como secretario de Seguridad, Ruiz Contreras mantiene una incómoda presencia con las autoridades electorales para coordinar acciones que garanticen el desarrollo pacífico de las elecciones. Pero, ¿cómo puede asegurarse un proceso justo si uno de los candidatos es el encargado de resguardar las condiciones del mismo? ¿Con qué cara puede ofrecer confianza cuando su propio cargo le otorga un acceso privilegiado a información, logística y operativos que pueden influir en los comicios?
El conflicto de interés es evidente. Mientras él afirma actuar con imparcialidad, su mera presencia en el cargo desvirtúa la equidad del proceso. La sombra de la duda es insoslayable: ¿Se usará la información de seguridad para beneficiar su candidatura? ¿Se garantizarán condiciones equitativas para todos los aspirantes? ¿Se ejercerá presión sobre adversarios o votantes?
El descaro con el que Ruiz Contreras se mantiene en la Secretaría de Seguridad mientras busca un puesto en la judicatura no solo es un insulto a la democracia, sino que constituye una simulación cínica que mancha la credibilidad de las elecciones. La solución es clara: debe renunciar de inmediato.
