Un juzgado federal con sede en San Luis Potosí dejó sin efectos 44 concesiones mineras ubicadas en la región de Wirikuta, al determinar que fueron otorgadas sin cumplir con el derecho de consulta previa al pueblo wixárika.
La resolución deriva del juicio de amparo 819/2011 y establece que los títulos concesionados carecen de validez jurídica, debido a que no se realizó un proceso de consulta libre, previa e informada a la comunidad indígena, pese a tratarse de un territorio considerado sagrado y con carácter de área natural protegida.
El fallo también fija un precedente al señalar que cualquier nuevo proyecto minero dentro de esta región deberá contar obligatoriamente con la participación directa del pueblo wixárika, mediante mecanismos de consulta culturalmente adecuados que garanticen su inclusión en la toma de decisiones relacionadas con sus recursos y patrimonio.
Como parte de las medidas ordenadas, la autoridad judicial instruyó la implementación de acciones de reparación integral, que incluyen posibles compensaciones, restitución de derechos y la difusión de la sentencia en formatos accesibles, tanto en español como en lengua wixárika, para asegurar su comprensión entre la población involucrada.
Aunque esta resolución impacta directamente a las concesiones anuladas, en municipios del Altiplano potosino como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala continúan vigentes otros permisos para la exploración y explotación de minerales como oro, plata, cobre y zinc, en manos de empresas privadas y entidades públicas.
La decisión judicial refuerza el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre su territorio y establece criterios obligatorios para futuros proyectos extractivos en la zona.
