La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que el Gobierno de San Luis Potosí retuvo o no transfirió más de 219 millones de pesos que debían destinarse a universidades y bachilleratos públicos durante 2024.
De acuerdo con el Informe de Cumplimiento 2024-A-24000-19-1667-2025, el Estado tenía la obligación de transferir 1,277 millones de pesos, pero solo entregó 1,057 millones, dejando un faltante significativo que impactó directamente en la educación pública potosina.
El mayor daño se registró en el nivel de educación superior, donde 182 millones de pesos nunca llegaron a las instituciones.
Entre las más afectadas se encuentran:
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP): 90.8 millones pendientes.
- Universidad Tecnológica de San Luis Potosí: 40.2 millones.
- Universidad Intercultural: 24.9 millones.
- Universidad Politécnica: 20.2 millones.
- ICAT, CECyTE y Telebachilleratos: más de 37 millones en conjunto.
La ASF desminente al gobernador
Pese a estas cifras, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró públicamente que “no llegó el presupuesto completo” desde la Federación. Sin embargo, el informe de la ASF desmiente directamente esa versión: el incumplimiento no se debe a una falta de recursos federales, sino a transferencias estatales que no se realizaron conforme a los convenios establecidos.
El órgano fiscalizador concluye que el gobierno estatal no respetó los montos ni los plazos de entrega acordados con las instituciones educativas, generando un incumplimiento formal que afecta su operación y planeación presupuestal.
Además, no existe evidencia oficial de que la Federación haya retenido los recursos.
En términos claros:
- El dinero sí llegó al Estado, pero no llegó a las escuelas.
- La ASF documenta responsabilidad directa del gobierno estatal.
- La educación pública potosina fue la más afectada.
