La reforma electoral conocida como “Ley Gobernadora”, que establece que los partidos políticos deberán postular únicamente mujeres para la gubernatura de San Luis Potosí en la elección de 2027, comenzó su trámite en los ayuntamientos del estado con un avance desigual, marcado por votaciones cerradas, posturas encontradas y sesiones con limitada difusión pública.
En distintos municipios, los cabildos ya han emitido su respaldo a la minuta enviada por el Congreso del Estado, aunque en varios casos el aval se dio en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la medida y el procedimiento seguido. Uno de los ejemplos más representativos fue Ciudad Valles, donde la reforma se aprobó con nueve votos a favor y cinco en contra, reflejando una oposición que, si bien reconoció los avances en materia de paridad de género, advirtió sobre la exclusión de los hombres en la contienda por la gubernatura.
Un escenario similar se registró en Rioverde, donde el Cabildo aprobó la minuta por mayoría durante una sesión encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román. Regidores de Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que la obligatoriedad de un solo género vulnera el principio de libre competencia electoral, aunque la mayoría respaldó el proyecto.
En la capital del estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí avaló la reforma en una sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre; sin embargo, la aprobación no fue difundida en los comunicados oficiales ni se convocó a medios de comunicación, lo que limitó la visibilidad pública del proceso. Una situación distinta ocurrió en Soledad de Graciano Sánchez, donde el Cabildo aprobó la minuta por mayoría, aunque se registró una abstención y un voto en contra por parte de regidores de Morena, quienes señalaron presuntas irregularidades en el documento remitido por el Congreso, como la falta de sellos, membretes y firmas oficiales.
Ese mismo día, el Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó la reforma por mayoría, mientras que en Cedral, el Cabildo dio su aval por unanimidad en una sesión extraordinaria en la que no hubo posicionamientos ni intervenciones públicas durante la discusión. En Ciudad Fernández, en cambio, la votación volvió a evidenciar divisiones internas, con cinco votos a favor y tres en contra.
Pese a estos avances, en la mayoría de los municipios del estado no se ha informado oficialmente sobre sesiones para discutir o votar la minuta, ni se han transmitido debates relacionados con la reforma, lo que ha generado un proceso fragmentado y con distintos niveles de transparencia. Para que la modificación constitucional pueda promulgarse y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, se requiere la aprobación de al menos 30 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí.
