La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, advirtió sobre la falta de claridad en el dictamen que modifica el decreto de la Ley de Egresos 2025, aprobado recientemente por el Congreso del Estado. Señaló que el documento deja abierta la posibilidad de realizar ajustes presupuestales sin límites ni lineamientos definidos, lo que podría generar vacíos jurídicos en el manejo de los recursos públicos.
López Torres explicó que su voto en abstención no implica rechazo a las finanzas estatales ni al pago de adeudos, sino a la redacción ambigua del texto legislativo. Indicó que expresiones como “situaciones extraordinarias” o “adecuaciones presupuestarias necesarias” carecen de una base técnica que determine con precisión cuándo y cómo aplicarse.
Aclaró que, aunque se sostuvo una reunión con la Secretaría de Finanzas antes de la votación, los legisladores no recibieron detalles sobre los montos ni los rubros a los que se destinarían los recursos adicionales. “De las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde no se puede hacer un análisis profundo de las finanzas estatales, menos sin conocer cifras específicas”, comentó.
La legisladora señaló que el Artículo 41 del dictamen introduce términos que podrían permitir modificaciones presupuestales sin control ni límites. Ejemplificó que la reforma al Poder Judicial no puede considerarse “extraordinaria” porque ya está prevista en la Ley de Ingresos y Egresos de 2024, al igual que las contingencias en la Huasteca Potosina, que contaban con una partida desde el año pasado.
Durante la sesión, también se abordó la posibilidad de cubrir adeudos con el magisterio, aunque dicho punto no se incorporó claramente en la reforma. Respecto a los recursos pendientes con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recordó que existe un acuerdo firmado por la Secretaría de Finanzas que reconoce la entrega, pero que posteriormente se negó como adeudo.
“Si no le quieren llamar adeudo está bien, pero hay dinero pendiente de entregar. La duda es cómo se garantizará este pago. Ojalá ya llegue a la universidad, porque retenerlo afecta derechos humanos de los estudiantes que deben recibir educación pública”, concluyó López Torres.
