El caso de la joven identificada como Valeria —nombre ficticio por razones de seguridad— y dado a conocer al público en el diario El País, ha puesto bajo escrutinio directo la actuación de funcionarios clave del Gobierno de San Luis Potosí y de su sistema de procuración de justicia. A casi cinco meses de los hechos ocurridos en el hotel Hyatt del centro de la capital potosina, la Fiscalía estatal determinó el no ejercicio de la acción penal, una resolución que hoy se analiza no solo en términos legales, sino políticos.
La madrugada del 28 de septiembre de 2025, cámaras de seguridad del hotel captaron a Valeria, de 28 años, deambular fuera de su habitación y posteriormente ingresar a la habitación 616, ocupada por Guillermo Baeza Prado, hijo de uno de los empresarios más ricos del país. Minutos después, la puerta se cerró. Horas más tarde, Valeria fue localizada semidesnuda, desorientada y sin recuerdos de lo ocurrido. Los peritajes médico y psicológico oficiales documentaron lesiones sexuales recientes y un cuadro de estrés postraumático compatible con una agresión sexual.
Pese a ello, la Fiscalía General del Estado determinó liberar al imputado horas después de su detención, al considerar “ilegal” el arresto por un presunto retraso en su puesta a disposición del Ministerio Público. Esa decisión permitió que Baeza abandonara el hotel con sus pertenencias, acompañado por su padre, antes de que la habitación fuera asegurada para una inspección pericial completa. Cuando finalmente se realizó la diligencia, no se encontraron indicios materiales.
El caso adquiere una dimensión institucional cuando se revisa quiénes intervienen en la defensa y en la toma de decisiones públicas. La estrategia legal del acusado está a cargo del despacho Torsa Abogados, fundado por Guadalupe Torres Sánchez, actual secretario general de Gobierno de San Luis Potosí. A la par, su esposa, Xitlálic Sánchez, ocupa el cargo de vicefiscal jurídica del Ministerio Público estatal, área directamente vinculada con las resoluciones que sostuvieron la liberación del imputado y, posteriormente, el desistimiento de la acción penal. Además, Silvia Torres Sánchez, hermana del funcionario, es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado desde septiembre de 2025.
Estos vínculos han sido señalados por la defensa de la víctima como un factor de riesgo para la imparcialidad del proceso. La preocupación se intensificó cuando trascendió que la Fiscalía entregó a la defensa datos personales de Valeria, incluyendo domicilio y número telefónico, una acción que incrementó el temor por su seguridad y la de su pareja.
En su resolución, la Fiscalía de San Luis Potosí omitió analizar de fondo la condición médica de la víctima. Valeria fue diagnosticada desde la infancia con sonambulismo y presenta episodios de parasomnia no REM y crisis epilépticas en las que pierde totalmente la consciencia. Especialistas en trastornos del sueño consultados han sido claros: una persona en ese estado no tiene capacidad de decisión ni de otorgar consentimiento. Aun así, la autoridad sostuvo que la joven ingresó “sin coerción” a la habitación y que la ausencia de lesiones externas visibles y de líquido seminal impedía acreditar el delito.
El propio Código Penal, tanto federal como estatal, establece que existe violación cuando se realiza cópula con una persona que no puede comprender el significado del acto o resistirlo, aun sin violencia física ni eyaculación. Este criterio fue minimizado en la determinación oficial, pese a los dictámenes médicos que documentan laceraciones vaginales y anales recientes, y a la coincidencia de que la otra cama del cuarto permanecía intacta, contradiciendo la versión del imputado.
Más allá del expediente penal, el caso refleja un problema estructural: la cercanía entre poder político, poder económico y sistema de justicia en San Luis Potosí. La familia del acusado, vinculada a uno de los grupos empresariales más influyentes del país, interactuó directamente con la víctima y su pareja dentro de instalaciones oficiales, con mensajes que fueron percibidos como intimidatorios.
