Cuatro magistrados electos del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí enfrentan impugnaciones por ser, simple y llanamente, inelegibles: sus promedios universitarios incumplen el requisito mínimo de ocho puntos.
Un detalle “menor” que parece haberse ignorado deliberadamente, presuntamente gracias a la influencia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, operador electoral del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Arturo Morales Silva, presidente del Poder Judicial potosino; José Luis Ruiz Contreras; Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio, todos ganadores de magistraturas en la elección judicial extraordinaria de 2025, están en el centro de un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Ya que ninguno alcanza el promedio mínimo de ocho requerido por la convocatoria.
De acuerdo con documentos oficiales emitidos por la Facultad de Derecho de la UASLP —a solicitud de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Dennise Porras Guerrero— Morales Silva y Ruiz Contreras concluyeron su licenciatura con un 7.91; Kemp Zamudio con 7.88; y Santiago Hernández, aún más bajo, con un 7.58. Las constancias, firmadas por el secretario general de la Facultad, Daniel Medina Castillo, no dejan margen a la duda.
Las bases de la convocatoria son categóricas: se exige un promedio mínimo de ocho en la licenciatura y nueve en materias afines para estudios de posgrado. Este requisito ha sido aplicado con rigor a nivel nacional, donde el Instituto Nacional Electoral ha retirado el cargo a 45 jueces y magistrados federales por no cumplirlo. Incluso en San Luis Potosí, María Concepción Castro Martínez perdió su magistratura en el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito por la misma causa.
Sin embargo, en el proceso local nadie verificó nada. Los Comités de Evaluación de cada poder, responsables de revisar el requisito, simplemente dejaron pasar a los candidatos hasta la boleta. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) también lavó sus manos: en su acuerdo reconoció que la revisión no era su facultad y asignó las magistraturas sin objeción.
Este “error” administrativo parece menos accidental y más producto de una operación política bien orquestada. Los perfiles impugnados son cercanos —o cuando menos favorecidos— por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, a través de su secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, conocido por su papel como principal operador de la elección judicial. El sello de la improvisación y el amiguismo se ha impuesto sobre la legalidad.
El caso pone en evidencia el desdén del gobierno estatal hacia la legalidad y el principio de idoneidad, instalando en el tribunal a personajes con credenciales académicas cuestionables, pero con lealtades políticas garantizadas.
