La postura del regidor Gustavo Mercado Garay frente a la subasta de terrenos municipales en San Luis Potosí ha encendido cuestionamientos, no precisamente por el fondo de sus señalamientos, sino por la evidente contradicción política e institucional que representa.
Y es que Mercado Garay ha expresado dudas sobre la transparencia del proceso de venta de predios municipales, aun cuando él mismo encabeza la comisión de seguimiento aprobada por el Cabildo para revisar, vigilar y dar certeza al procedimiento. Es decir, el regidor no es un actor externo ni un observador sin acceso a la información: preside justamente el órgano creado para supervisar que todo se desarrolle con legalidad, claridad y rendición de cuentas.
La comisión es avalada por unanimidad por el Cabildo con el objetivo de garantizar transparencia en la subasta de inmuebles, una medida que el gobierno municipal ha defendido como una vía para obtener recursos que permitan financiar obras de infraestructura urbana en la capital potosina.
Bajo ese contexto, el papel de quien preside dicha comisión no puede reducirse a la crítica mediática o al deslinde político. Su responsabilidad es revisar expedientes, consultar la información técnica, conocer la documentación de respaldo y, en caso de existir irregularidades, señalarlas con sustento desde el espacio institucional que se le confirió. Hacerlo de otra forma no solo debilita su argumento, sino que exhibe una postura inconsistente frente al discurso de vigilancia, honestidad y honorabilidad que ha sostenido públicamente.
Resulta difícil entender que quien tiene acceso directo a los elementos necesarios para esclarecer cualquier duda opte por sembrar sospechas sin agotar primero las herramientas de supervisión que están bajo su propia responsabilidad. La contradicción no es menor: o el regidor no ha ejercido a cabalidad las funciones que le corresponden, o sus declaraciones responden más a una narrativa política que a un hallazgo documentado.
La polémica adquiere mayor relevancia porque la subasta de terrenos municipales se presenta como una estrategia para impulsar proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la ciudad, en un momento en que San Luis Potosí enfrenta rezagos históricos en materia de obra pública.
Por ello, distintos sectores han comenzado a advertir sobre el riesgo de que este tipo de posicionamientos terminen contaminando un proceso que, al menos en el discurso oficial, busca fortalecer el desarrollo urbano de la capital. Más aún en un escenario donde el clima político empieza a tensarse de cara a futuros procesos electorales, y donde no pocos actores parecen más interesados en marcar distancia o ganar reflectores que en contribuir con responsabilidad institucional.
En ese sentido, la exigencia de transparencia sigue siendo válida y necesaria. Pero cuando proviene de quien tiene en sus manos la obligación formal de supervisarla, también obliga a revisar con lupa la coherencia entre el cargo que se ostenta y la conducta pública que se asume. En política, cuestionar es legítimo; hacerlo sin asumir la responsabilidad propia, no.
