La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí iniciará una etapa de recomposición institucional luego de la crisis que derivó en la renuncia del exdirector Germán Pedroza Gaitán. Así lo expresó la directora electa, Georgina González Cázares, quien reconoció la respuesta institucional como insuficiente y que no es viable continuar sin reconocer los errores que se cometieron.
Tras su designación por el Consejo Directivo Universitario, González Cázares señaló que la prioridad será atender de fondo las fracturas internas que dejó el conflicto. Afirmó que la Facultad enfrenta un problema complejo que no puede resolverse con medidas aisladas, por lo que su gestión impulsará una estrategia integral que incluya acciones de seguridad, prevención y atención emocional dirigidas tanto a estudiantes como a docentes.
La próxima directora explicó que uno de los ejes será fortalecer la presencia de la autoridad dentro de las instalaciones, particularmente en horarios donde históricamente ha existido ausencia de supervisión. Consideró que estos vacíos generan condiciones de riesgo y deben corregirse con una dirección que mantenga presencia física constante.
Asimismo, reconoció que el proceso de designación profundizó divisiones al interior de la comunidad académica, por lo que será necesario reconstruir la confianza entre quienes respaldaron distintos proyectos y quienes optaron por no participar. En ese sentido, planteó la implementación de actividades con perfiles especializados en mediación, restauración y construcción de paz, como parte de un proceso de reconocimiento y transición institucional.
González Cázares también se refirió a la impugnación que promovió un docente ante instancias externas a la Universidad, al precisar que el procedimiento sigue en curso y se respetará. Aseguró que no ha intervenido ni intervendrá en ese proceso, y reiteró que su enfoque estará centrado en atender la crisis interna y restablecer condiciones de gobernabilidad dentro de la Facultad.
