La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del Partido Acción Nacional, votó en contra de la nueva Ley General de Aguas impulsada por el Gobierno de Morena y aprobada en “fast track” en la Cámara Alta, advirtiendo que la reforma representa un grave retroceso para el país al centralizar el control del recurso hídrico en el gobierno federal y eliminar derechos fundamentales de productores, comunidades y familias mexicanas.
Desde tribuna, la legisladora panista señaló que la reforma busca imponer un modelo de corte estatista que atenta contra el federalismo. “Morena no está protegiendo el agua, está legalizando la posibilidad de arrebatarla. Lo que hoy busca el Cártel de Morena es convertir el agua en un mecanismo de manipulación política y electoral”, reprobó.
Rodríguez Hernández alertó que la iniciativa elimina derechos adquiridos y afectará directamente a más de dos millones de productores agrícolas en el país, incluidos miles en San Luis Potosí, quienes ya no podrán heredar, vender o ajustar sus concesiones de agua. “Hoy Morena no solo quiere controlar el poder: ahora también pretende controlar el agua, el recurso más importante y vital para nuestro país”, subrayó.
La senadora panista criticó que la ley permita al gobierno federal reasignar el agua de una comunidad a otra en solo 20 días, sin criterios técnicos ni compensación. Advirtió que este mecanismo abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían dejar sin agua a regiones enteras de San Luis Potosí, sin posibilidad de defensa ni transparencia.
“Con esta ley buscan eliminar volúmenes de agua y reasignarlos como si fueran propiedad de Morena. Eso se llama autoritarismo. Quiere decir que un productor puede perder su fuente de agua de un día para otro, por simple decisión política. Ese es el sueño de cualquier gobierno autoritario: convertir el agua en un botín y usar la amenaza de expropiación como mecanismo de control”, afirmó.
Finalmente, la senadora Verónica Rodríguez reiteró que la bancada de Acción Nacional votó en contra porque defiende un modelo de gestión del agua basado en criterios técnicos, corresponsabilidad y respeto a los derechos de quienes la producen y la necesitan para vivir. “El agua no le pertenece al gobierno: le pertenece a la gente. Desde el PAN en San Luis Potosí vamos a defender ese principio hasta el final”, concluyó.
