La política pública diseñada en San Luis Potosí durante la última década para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos no ha logrado cumplir su objetivo. Un diagnóstico presentado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) revela que las acciones emprendidas por el Estado permanecen atrapadas entre la simulación, la opacidad y la desarticulación institucional, dejando en vulnerabilidad constante a quienes ejercen estas labores.
El informe “Informar y Defender Derechos en SLP: Entre Simulación, Avances y Riesgos” —basado en análisis documental y trabajo de campo en las cuatro regiones del estado— expone que los mecanismos implementados se han convertido en estructuras formales sin capacidad real para prevenir agresiones ni garantizar condiciones de trabajo dignas.
Falta de resultados y distancia entre ley y realidad
Durante la presentación, María José Puente Zavala, representante de la Red de Mujeres Periodistas, y Alejandra Balduvín Álvarez, coordinadora del proyecto en Educiac, señalaron que existe un abismo entre las leyes creadas y la experiencia cotidiana de periodistas y defensores. Pese a la existencia de normas y mecanismos, las agresiones continúan y la protección efectiva sigue siendo limitada.
El diagnóstico también documenta prácticas de control institucionalizado, como el uso discrecional de la publicidad oficial, que opera como un factor de presión económica sobre los medios de comunicación y condiciona líneas editoriales.
Impunidad y casos emblemáticos sin resolución
El caso del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro —desaparecido forzadamente y asesinado en 2017— evidencia la ineficacia del sistema. A más de seis años del crimen, no hay personas detenidas ni sentenciadas. La investigación, pese a solicitudes de atracción federal y señalamientos hacia agentes ministeriales, continúa estancada en la Fiscalía General del Estado.
A escala nacional, solo el 0.5% de los delitos contra la libertad de expresión derivan en una acción penal. En San Luis Potosí, esta tendencia se refleja en que la mayoría de agresiones permanece sin castigo, enviando el mensaje de que atacar a periodistas o defensores no tiene consecuencias.
Mecanismos opacos y falta de credibilidad
El estudio señala que periodistas y defensores describen al Mecanismo Estatal de Protección como “inoperante” y “de papel”. La Unidad Estatal de Protección mantiene bajo reserva información clave, incluyendo los 89 casos reportados entre 2015 y 2021. Tampoco se conocen las medidas aplicadas ni los resultados obtenidos.
Incluso las actas del Pleno del Mecanismo están reservadas por la Secretaría General de Gobierno, lo que impide una evaluación independiente y alimenta la percepción de simulación.
Desorden interinstitucional y omisiones legislativas
Uno de los hallazgos más graves es la falta de coordinación entre las instituciones que integran el sistema de protección. Dependencias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos participan en el Pleno, pero actúan sin comunicación ni estrategias conjuntas.
El Poder Legislativo también acumula omisiones. La Comisión Especial de Atención a Periodistas se instaló en tres legislaturas consecutivas sin resultados significativos, y en la actual ni siquiera ha sido integrada.
Precariedad laboral y presión económica
El informe resalta que la vulnerabilidad inicia antes de las agresiones físicas o digitales. Las condiciones laborales precarias —sin prestaciones ni seguridad social y con fuerte dependencia de la publicidad oficial— favorecen la autocensura y dificultan denuncias, pues los reporteros carecen del respaldo institucional necesario.
Propuestas para desmontar la simulación
Educiac plantea una serie de acciones inmediatas y reformas estructurales agrupadas en cuatro ejes: Prevención, Protección, Investigación y Reparación/No Repetición. Entre las propuestas se encuentran:
- Elaborar protocolos de cobertura segura con perspectiva territorial y de género.
- Asegurar prestaciones laborales mínimas para periodistas.
- Profesionalizar a la UEP, FGE y CEDH en la atención de casos.
- Actualizar y revisar la normativa con base en diagnósticos anuales.
La organización concluye con un llamado urgente al Estado potosino: reconocer sin estigmatizar la labor de periodistas y personas defensoras, y transformar la política de protección en una estrategia integral que combata la impunidad y transparenté su funcionamiento.
