En la construcción de la autopista Entronque 75D-Matehuala no sólo se ha omitido la autorización de los ejidatarios de La Tapona, en el municipio de Villa Hidalgo, sino que además se estarían causando daños irreversibles a las especies de cactáceas presentes en el Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Real de Guadalcázar.
El proyecto carretero, de 118.4 kilómetros de longitud, fue concesionado a la empresa Promotora Mexicana de Autopistas Valoran y al Grupo Valoran por un período de 40 años, abarcando su construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación. Esta concesión fue aprobada por el Congreso del Estado en diciembre pasado.
Se trata de una inversión de 22 mil 863 millones 609 mil 894.15 pesos para la construcción de una autopista que, pese a no contar con la aprobación de los ejidatarios, ya inició labores de excavación desde hace varias semanas. En el sitio se han detectado actividades ilegales como remoción de flora y fauna —a mano y con retroexcavadoras—, apertura de caminos para maquinaria pesada, y trabajos de muestreo de profundidad y resistencia de suelos entre las comunidades de El Peyote y La Tapona.
Activistas medioambientales y organismos como el Consejo Hídrico Estatal han alertado sobre estos trabajos de exploración, los cuales afectan zonas previamente destinadas a la reforestación y conservación de cactáceas. Estas áreas son consideradas de altísimo valor ecológico a nivel mundial: forman parte de un biodiversity hotspot, es decir, regiones insustituibles que apenas ocupan el 2.4% de la superficie terrestre del planeta.
Tan sólo el tramo entre El Peyote y La Tapona presenta una densidad estimada de 5 mil cactáceas por hectárea, con más de 55 especies distintas. Al menos 14 de ellas están consideradas en la próxima actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2025, junto con otras dos especies de plantas no cactáceas también enlistadas en dicha norma.
Todo lo anterior se estaría realizando sin contar con el permiso de la asamblea ejidal, sin validación del cambio de uso de suelo, sin manifestación de impacto ambiental aprobada, y ni siquiera con la propiedad legal de los terrenos intervenidos.
