La violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí continúa, pero su alcance real permanece oculto por la falta de registros públicos confiables. El problema no es la ausencia de agresiones, sino la opacidad institucional que impide saber cuántos casos existen, qué tipo de ataques predominan y si hay responsables identificados, lo que limita cualquier intento de prevención efectiva.
Esta carencia de información quedó documentada en el Diagnóstico sobre la política estatal de protección (2013-2023), elaborado por Alejandra Balduvín Álvarez y María José Puente Zavala, en colaboración con Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac). El análisis señala que, aunque la ley obliga al Mecanismo Estatal de Protección a generar estadísticas, prevenir agresiones y proponer ajustes legales, en la práctica no existen datos sistematizados ni accesibles sobre los casos atendidos.
La ausencia de información clara impide identificar patrones de riesgo, fallas institucionales y posibles responsabilidades, lo que deja sin sustento cualquier política pública orientada a reducir la violencia contra el gremio periodístico y las personas defensoras de derechos humanos.
Las cifras federales reflejan un panorama limitado. De acuerdo con el Mecanismo Federal de Protección, en 2024 solo 21 personas de San Luis Potosí cuentan con medidas de protección. Entre 2012 y 2022 se registraron 25 solicitudes provenientes del estado, con un repunte en 2017, año en que desaparecieron y asesinaron al fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reportó 14 denuncias por delitos contra periodistas entre 2010 y 2022, y cinco más durante 2023. Sin embargo, únicamente en un caso se ejerció la facultad de atracción, y el propio informe reconoce que solo en el 0.5 por ciento de las investigaciones se logró ejercer acción penal.
A nivel estatal, el diagnóstico documenta 133 atenciones a periodistas y personas defensoras entre 2015 y 2023, primero a través de la Unidad Estatal de Protección y, desde 2021, mediante el Mecanismo Estatal. Pese a ello, la Secretaría General de Gobierno informó que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023 solo se recibieron cuatro solicitudes formales de incorporación, de las cuales únicamente aceptaron una.
