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Opacidad sin límites en la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí

Ciudadanos Observando reveló que la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, encabezada por Adriana García Vidal, mantiene oculto el destino del 57% del dinero público ejercido.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, encabezada por Adriana García Vidal, ha dejado sin rastro público el 57% del dinero ejercido durante el año, según reveló la organización Ciudadanos Observando. La cifra no es menor: más de 46 mil millones de pesos cuyo destino sigue sin aclararse, a pesar de que la ley lo exige con absoluta claridad.

El artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a todas las dependencias a publicar de manera mensual un informe detallado de sus egresos: montos, beneficiarios, conceptos, fechas, folios, bancos y nombres de los funcionarios que autorizan los pagos. Se trata de una herramienta básica para garantizar la rendición de cuentas. Pero la Secretaría de Finanzas decidió ignorarla.

En lugar de cumplir, la dependencia respondió con una excusa que insulta la inteligencia pública: “Derivado del cierre del ejercicio fiscal 2024 no se ha podido generar la información correspondiente al mes de febrero de 2025…” —un pretexto burocrático con errores de redacción incluidos, y que viola de manera abierta la obligación de transparencia.

El periodista Victoriano Martínez, en su columna “Caja Negra” publicada en Astrolabio Diario Digital, corroboró lo que Ciudadanos Observando ya había advertido: los reportes oficiales muestran apenas 12,051 egresos que suman $20,173 millones de pesos, mientras que los informes financieros entregados al Congreso registran montos mucho mayores:

  • Recursos Devengados (enero-septiembre): $47,957,143,190.00
  • Recursos Pagados (enero-septiembre): $46,313,265,352.00
  • Monto no transparentado: 57.93% del total ejercido

Los números no cuadran. Y cuando el dinero público desaparece en la niebla contable, lo que emerge es la sospecha de manejos indebidos, desvíos o corrupción.

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Su vocero señaló que este tipo de aumentos responde a una práctica recurrente desde hace décadas que prioriza intereses privados por encima de los usuarios.

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