La senadora del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, informó que su equipo jurídico se encuentra preparado para promover una controversia constitucional contra la reforma electoral local que establece candidaturas exclusivamente femeninas para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, conocida públicamente como “Ley Esposa”.
No obstante, aclaró que el recurso legal se presentará únicamente cuando la norma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, requisito indispensable para que pueda ser admitida por las instancias de control constitucional.
La legisladora explicó que el análisis jurídico de la reforma ya concluyó y que la falta de publicación es el único paso pendiente para activar la impugnación. Subrayó que el proceso debe cumplir con los tiempos y formalidades que marca la ley, por lo que el PAN esperará la difusión oficial para proceder conforme a derecho.
En otro tema, Rodríguez Hernández fijó postura sobre la detención de Nicolás Maduro ocurrida el pasado 3 de enero y el debate internacional que generó. Consideró que las críticas relacionadas con una posible vulneración a la autodeterminación de los pueblos carecen de sustento, al señalar que Maduro no ostentaba la legitimidad presidencial en Venezuela. Bajo ese argumento, sostuvo que las acciones emprendidas en su contra no contravienen el marco legal internacional.
Respecto a la política exterior de México, la senadora enfatizó que el país debe actuar con claridad y firmeza en la defensa de su soberanía, manteniendo como prioridad la protección del territorio nacional y el respeto a su propio orden jurídico ante cualquier escenario internacional.
Finalmente, al referirse al panorama político de San Luis Potosí para el presente año, la también presidenta estatal del PAN indicó que su labor, tanto desde el Senado como desde la dirigencia partidista, se enfocará en la vigilancia del marco legal y de las garantías individuales rumbo al proceso electoral intermedio. Aseguró que la agenda central será la defensa de las libertades, los derechos fundamentales y el orden democrático en la entidad y en el país.
