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PAN llevará a la Corte la reforma que obliga candidaturas femeninas a la gubernatura en SLP y NL

La dirigente estatal del PAN confirmó que la dirigencia nacional del partido ya avaló la ruta jurídica y que el recurso se presentará una vez que la ley se publique en los periódicos oficiales.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, aprobada en San Luis Potosí y, en su caso, en Nuevo León, que establece la obligación de postular únicamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027. La dirigente estatal del PAN y senadora, Verónica Rodríguez Hernández, confirmó que la dirigencia nacional del partido ya avaló la ruta jurídica y que el recurso se presentará una vez que la ley se publique en los periódicos oficiales.

Rodríguez Hernández sostuvo que, aunque se trata de reformas locales, la impugnación la encabezará el Comité Ejecutivo Nacional, con el respaldo del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y dentro de los plazos legales correspondientes. Señaló que la postura del partido es clara: rechazar cualquier disposición que limite por ley la posibilidad de competir tanto para mujeres como para hombres, al considerar que vulnera la autodeterminación de los partidos políticos y el derecho de la ciudadanía a elegir entre los perfiles que han demostrado resultados.

La senadora cuestionó la congruencia del discurso oficial sobre la paridad de género, al advertir que mientras desde el ámbito federal se ha puesto en duda la constitucionalidad de este tipo de medidas, en entidades gobernadas por Morena se impulsan reformas similares. En ese contexto, afirmó que el PAN recurrirá a los tribunales para que sea la SCJN quien determine si estas disposiciones se ajustan o no a la Constitución.

Respecto a la votación dividida de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rodríguez explicó que sostuvo encuentros con las y los cuatro diputados locales tras la aprobación de la reforma. Aclaró que en Acción Nacional no se imponen líneas de voto, pero subrayó que la posición institucional del partido es contraria a establecer restricciones legales que condicionen las candidaturas por género, motivo por el cual se optó por la vía constitucional.

Añadió que el debate se trasladará ahora al ámbito judicial, en un escenario marcado por la reciente reforma al Poder Judicial y por los cuestionamientos en torno a la autonomía de los tribunales, lo que, dijo, abre interrogantes sobre el alcance y los criterios que asumirá la Suprema Corte al resolver este tipo de controversias.

Al interrogarla sobre una eventual aspiración personal a la gubernatura, la dirigente panista evitó adelantar definiciones y afirmó que el partido cuenta con perfiles competitivos de mujeres y hombres en distintos niveles. Reconoció que participar en una contienda de ese nivel es una posibilidad natural para quienes están en la vida pública, pero insistió en que el PAN no define candidaturas por imposición ni por obligación legal, sino por competitividad y respaldo ciudadano.

Con esta impugnación anunciada, el debate sobre la llamada Ley Esposa se perfila para abandonar el terreno legislativo y concentrarse en la Suprema Corte, mientras los partidos ajustan sus estrategias rumbo a un proceso electoral que se anticipa altamente litigioso y polarizado. Rodríguez Hernández aseguró que Acción Nacional se encuentra preparado para un eventual adelanto del calendario electoral, al señalar que el partido atraviesa un proceso de relanzamiento nacional, con fortalecimiento del trabajo territorial, apertura a candidaturas ciudadanas y la exploración de mecanismos como elecciones primarias internas, cuyos registros ya se realizan mediante herramientas digitales.

Finalmente, la senadora criticó la falta de apertura al diálogo en la discusión de una eventual reforma electoral federal y advirtió que propuestas como la desaparición de los organismos públicos locales electorales y de las diputaciones plurinominales representan riesgos para la organización y vigilancia de los comicios. Reiteró que cualquier cambio en las reglas electorales debe analizarse en un esquema de parlamento abierto y con la participación de la oposición y la ciudadanía.

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