Este lunes, Partido Acción Nacional en San Luis Potosí manifestó su rechazo a la Ley General de Aguas aprobada por Morena y sus aliados, al considerar que no garantiza el derecho humano al agua, sino que centraliza su control, burocratiza su gestión y pone en riesgo el abasto para millones de personas, familias y sectores productivos del país.
El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, advirtió que, contrario a lo que presume Morena, esta nueva legislación no asegura “agua para todos”, ya que concentra el manejo del recurso en la Federación, elimina derechos adquiridos, reduce la autonomía de estados y municipios y traslada costos imposibles de asumir a las familias, todo ello sin un solo peso adicional destinado a infraestructura o mejora del servicio.
Señaló que esta reforma pretende decidir desde el centro del país cómo operan los pozos, las tuberías y los sistemas municipales, además de imponer obligaciones técnicas a las viviendas sin respaldo financiero. “Es una ley que promete justicia hídrica en el discurso, pero que en los hechos impone reglas impracticables, injustas y sin sustento presupuestal”, subrayó.
Dahud Uresti alertó que la Ley General de Aguas sigue el mismo patrón de decisiones de Morena desde 2018: recortes al campo, desaparición de programas productivos, debilitamiento de la CONAGUA y ahora un intento de centralizar el agua para su uso político. Añadió que la sustitución de concesiones por permisos temporales, el control discrecional del recurso y las sanciones desproporcionadas al campo generan incertidumbre jurídica y ponen en riesgo la actividad productiva.
Asimismo, advirtió que la nueva ley carga nuevas obligaciones a municipios sin presupuesto suficiente y obliga a la captación de agua de lluvia sin viabilidad técnica ni financiera, lo que derivará en mayores gastos para las familias. “El resultado será negocios que pueden quedarse sin agua de un día para otro, municipios rebasados y un campo que pierde certeza y derechos patrimoniales”, enfatizó.
Ante este escenario, el PAN reiteró su propuesta de una ley verdaderamente responsable y humana, basada en certeza jurídica y decisiones técnicas, presupuesto real para infraestructura hídrica y protección efectiva al campo y a las familias. “El agua es un derecho humano, no un permiso del gobierno. México merece una ley justa, humana y con recursos, no una que concentre el control del agua en manos de Morena”, concluyó el dirigente panista.
