El Congreso del Estado de San Luis Potosí se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, tras revelarse prácticas cuestionables encabezadas por Dolores Eliza García Román, titular de la Oficialía Mayor, quien ha sido señalada tanto por plagiar un reglamento oficial como por favorecer descaradamente a familiares dentro de la nómina legislativa.
Según fuentes internas de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), García Román presentó un Reglamento de Recursos Humanos para su aprobación. Sin embargo, lo que pretendía ser un instrumento normativo serio terminó por ser un bochornoso ejemplo de mala praxis administrativa: el documento resultó ser un plagio evidente de un reglamento del Poder Judicial de San Luis Potosí, con referencias textuales que ni siquiera fueron editadas.
La burda maniobra fue detectada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien exigió el retiro inmediato del texto y la elaboración de un nuevo proyecto digno de la función legislativa.
“Incluía términos propios del Poder Judicial; claramente no corresponde al trabajo de este Congreso”, puntualizó el legislador.
El escándalo del plagio es apenas la punta del iceberg. Trabajadores del Poder Legislativo, que solicitaron permanecer en el anonimato, han acusado a García Román de utilizar su posición para consolidar una red de nepotismo. De acuerdo con las denuncias, la funcionaria habría gestionado el ingreso de su nuera, Alejandra Pérez, no solo a la nómina del Congreso, sino con una codiciada Base Sindical nivel 8, lo que le garantiza un salario de aproximadamente 40 mil pesos mensuales.
Pero la lista de beneficiarios familiares no termina ahí. Según las mismas fuentes, otros tres allegados directos a la funcionaria también gozan de plazas sindicalizadas: su chofer personal Armando Díaz de León, su secretaria particular Irma Araceli Gallardo Báez, y Laura Araceli Villalobos Castillo, titular del área de Enfermería.
Al ser cuestionado, el presidente de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés (PVEM), se limitó a ofrecer una futura revisión del caso.
“Vamos a revisar, no tengo precisión sobre los familiares mencionados… déjenme verificar qué hay al respecto”, declaró escuetamente.
Mientras tanto, el Congreso enfrenta una nueva crisis de credibilidad, golpeado por actos que reflejan un preocupante desprecio por la ética pública y un uso patrimonialista de los recursos del Poder Legislativo.
