Habitantes de Wadley, en el municipio de Catorce, demandaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspender la entrega de nuevas concesiones en el acuífero Vanegas–Catorce, argumentando que su sobreexplotación amenaza la vida y el equilibrio ambiental del Altiplano Potosino. También pidieron una revisión exhaustiva de los pozos existentes y sanciones contra quienes extraen agua de manera ilegal.
La organización Defensa Wadley advirtió que el acuífero, identificado con la clave 2401 y que abarca más de 4 mil 300 kilómetros cuadrados, se encuentra oficialmente sobreexplotado, con un déficit anual de 7.9 millones de metros cúbicos. Esta cantidad, explicaron, podría abastecer durante un año a unas 145 mil personas, equivalente a la población total de Matehuala o a diez veces la de Catorce.
Los pobladores manifestaron su preocupación ante el reciente decreto de facilidades administrativas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca regularizar concesiones para uso doméstico, agrícola, pecuario y de acuicultura. Consideran que la medida, aunque busca ordenar los permisos, podría abrir la puerta a mayor explotación del recurso sin atender la crisis hídrica actual.
Defensa Wadley señaló que el crecimiento de la agroindustria, sumado a la falta de vigilancia ambiental, ha permitido la perforación de pozos ilegales y la extracción descontrolada del agua. Mencionaron que el riego de apenas 160 hectáreas de tomate requiere más de 4 millones de metros cúbicos anuales, sin contar la demanda de grandes granjas avícolas y porcinas que además generan residuos que contaminan el suelo y los mantos freáticos.
El colectivo explicó que la sobreexplotación está provocando un fenómeno de “inversión hidráulica”, donde el agua más profunda —antigua y con altas concentraciones de sales y metales pesados como arsénico y fluoruro— asciende hacia la superficie, deteriorando la calidad del recurso y volviéndolo peligroso para el consumo humano.
Por ello, insistieron en que cualquier política hídrica debe priorizar el derecho humano al agua, garantizado en los artículos 1 y 4 de la Constitución, y proteger tanto a las comunidades como al entorno natural. Además, recordaron que el acuífero forma parte de la Ruta Wixárika a Wirikuta, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, lo que obliga al Estado a salvaguardar su integridad ecológica y cultural.
Finalmente, los habitantes del Altiplano exigieron que la Conagua investigue las concesiones actuales, sancione la extracción ilegal y detenga la perforación de nuevos pozos, al considerar que el modelo agroindustrial vigente ya no es sostenible para la región.
