San Luis Potosí. – Un agente de la Guardia Civil Estatal logró recuperar, a través de un juicio de amparo, el bono de estímulo social y de riesgo operativo que le había sido retirado por las autoridades estatales. La resolución judicial consideró inconstitucional la reducción de esta prestación, al tratarse de un derecho previamente adquirido por el elemento.
El juez que resolvió el caso subrayó que ninguna autoridad puede suprimir beneficios laborales sin un fundamento legal sólido. En este contexto, el amparo se consolidó como un recurso válido y eficaz para la defensa de los derechos de los servidores públicos.
Este fallo podría generar un precedente significativo. De replicarse, otros elementos de la Guardia Civil Estatal podrían optar por la vía judicial para proteger sus prestaciones, lo que pondría en entredicho la solidez de las decisiones financieras del gobierno estatal en torno a los beneficios que otorga a sus cuerpos de seguridad.
El caso también envía un mensaje claro: ningún servidor público debe aceptar pasivamente la eliminación de derechos adquiridos. La ley ofrece mecanismos para garantizar su respeto.
Por ahora, el gobierno del estado no ha emitido una postura oficial sobre el alcance que podría tener esta resolución en futuras demandas similares.
