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Presupuesto 2026 del Poder Judicial avanza, pero deja intactos rezagos estructurales

Uno de los principales factores del rezago es la acumulación de expedientes derivada de la sobrecarga de trabajo en los juzgados.

El presupuesto aprobado para el Poder Judicial del Estado en 2026 no será suficiente para resolver el rezago que enfrentan los juzgados, reconoció la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, al advertir que los problemas acumulados responden a fallas estructurales que van más allá del aumento de recursos.

Para el próximo ejercicio fiscal, el Poder Judicial contará con un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos, cifra que representa un incremento aproximado de 21.8 millones de pesos en comparación con el año en curso. Aunque el ajuste se considera positivo, la magistrada señaló que se trata apenas de un primer paso frente a la presión que mantiene saturados a los tribunales.

Uno de los principales factores del rezago es la acumulación de expedientes derivada de la sobrecarga de trabajo en los juzgados. Para atender esta situación, no se contempla la contratación de personal externo, sino una reorganización interna mediante procesos de promoción cerrados, con los que se busca cubrir vacantes que han impactado directamente en la operatividad judicial.

Zarazúa Martínez explicó que, además del rezago procesal, el Poder Judicial enfrenta pendientes en materia laboral, principalmente relacionados con jubilaciones y prestaciones tanto de trabajadores en activo como de personal retirado. Estos compromisos deberán atenderse dentro de un contexto administrativo en transición.

La presidenta del STJE subrayó que la aplicación del presupuesto aprobado quedará fuera del control de la actual presidencia, ya que su ejecución corresponderá al nuevo órgano de administración que surgirá a partir de la reforma judicial. Este organismo asumirá funciones tras un periodo de transición marcado por plazos reducidos y decisiones aún no definidas públicamente.

Con la entrada en vigor del nuevo esquema administrativo, la atención al rezago judicial, la definición de prioridades presupuestales y la regularización de prestaciones laborales quedarán sujetas a lineamientos que todavía no han sido detallados, en un escenario de reconfiguración interna y presión acumulada en los tribunales.

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