La dirigencia estatal del PRI confirmó que analiza las vías legales para dar por terminado el proceso de expulsión en contra del alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, tras los recientes acercamientos entre el edil y el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.
El secretario técnico del Comité Directivo Estatal, Alberto Rojo Zavaleta, explicó que, luego de que la Sala Regional Monterrey ordenó reponer el procedimiento, se exploran salidas políticas y legales para sobreseer el caso. Señaló que, con el consentimiento de la parte denunciante, la controversia podría extinguirse formalmente.
De acuerdo con Rojo Zavaleta, la intención es superar los conflictos que en su momento enfrentaron al edil con la dirigencia local, originados tras la salida de empleados municipales del Consejo Político Municipal en lo que calificó como una reacción política impulsiva de Galindo. Añadió que hoy se busca dejar atrás esa etapa mediante el diálogo.
Por su parte, Adolfo Micalco, coordinador de sectores y organizaciones, destacó que la relación entre el alcalde y la presidenta estatal, Sara Rocha Medina, se fortaleció después de la reunión en Ciudad de México con Alejandro Moreno, lo que permitió restablecer la comunicación y abrir paso a la coordinación política.
Ambos dirigentes señalaron que, aunque la Sala Monterrey ordenó la reposición del proceso, un acuerdo entre las partes haría innecesaria la continuación del mismo. “Para el Comité Estatal, es un asunto superado”, afirmó Micalco.
En cuanto a la polémica reciente por la destitución del director de Protección Civil Municipal, acusado de presuntos actos de corrupción, el PRI aclaró que el funcionario no pertenece a sus filas y enfatizó que el partido no avala prácticas irregulares, respaldando las acciones que contribuyan a sanear la administración municipal.
El proceso contra Enrique Galindo comenzó en 2024, cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidaria dictó su expulsión. El edil impugnó la resolución y, en agosto de 2025, la Sala Monterrey revocó la medida, al señalar que el órgano nacional carecía de competencia para sancionarlo sin intervención del Comité Estatal. Desde entonces, la ruta ha sido el acercamiento político y no la confrontación.
