El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí enfrenta serios señalamientos por prácticas opacas y posibles conflictos de interés en el manejo de sus recursos públicos, de acuerdo con el más reciente análisis de la organización Ciudadanos Observando, titulado “Partidos políticos en SLP, bajo la lupa ciudadana”.
El escrutinio de los reportes de egresos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia —de enero a mayo de 2025— revela un patrón preocupante: dirigentes que fungen como proveedores, pagos sin sustento documental y registros plagados de errores garrafales.
Caso emblemático de conflicto de interés
Entre los hallazgos más graves se encuentra el pago de $30,000 pesos a Fernando Navarro Maquivar, quien, paradójicamente, es el secretario de Finanzas del propio PRI. Según Ciudadanos Observando, este esquema “configura un evidente conflicto de interés”, pues un directivo partidista se autopaga con recursos públicos destinados al partido, contraviniendo principios básicos de rendición de cuentas y probidad administrativa.
Otro ejemplo de esta práctica señalada como irregular involucra al secretario general del PRI en San Luis Potosí, Francisco Joel Limas Rivera. En mayo, se le pagaron $154,434 pesos como proveedor externo, sin que exista documento alguno que explique qué servicios prestó. En otras palabras, el dirigente cobra tanto por nómina como por servicios facturados al partido, un doble beneficio opaco y difícil de justificar.
Gastos abultados y sin respaldo claro
El reporte de Ciudadanos Observando también advierte sobre gastos llamativamente elevados en enero de 2025, que sumaron más de 2 millones de pesos. Los conceptos, aunque consignados, carecen de soportes contractuales o referencias verificables. Destacan, por ejemplo:
- $269,190 pesos en “consultoría fiscal”.
- $197,000 en “servicios profesionales”.
- $127,890 en publicidad.
- $175,621 pagados a “Tuto Ariku Babawa”, un proveedor del que no se identificó contrato ni información oficial.
El informe ciudadano cuestiona el carácter desproporcionado de otros conceptos como $51,402 en papelería y $43,988 en tóner, montos difíciles de justificar para una operación partidista con estructura limitada.
Errores garrafales en la información pública
La opacidad no termina en los pagos. Ciudadanos Observando señala errores básicos en los reportes de febrero de 2025, que incluyen 2.5 millones de pesos en egresos y el insólito concepto textual: “pago de nóminas enero 2025 y aguinaldo 2033”, una muestra del descuido —o de la falta de seriedad— con que se cumplen las obligaciones de transparencia.
Para la organización ciudadana, estos hallazgos evidencian un manejo desaseado de recursos públicos, así como la persistencia de viejas prácticas partidistas que se resisten a la fiscalización ciudadana y la transparencia real.
“Es dinero público y merece un ejercicio claro y sin conflictos de interés. Lo que hemos documentado es exactamente lo contrario”, concluyó Ciudadanos Observando en su análisis.
