La diputada Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y declarar al Xantolo como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Una propuesta que, más que innovar, parece insistir en algo ya resuelto hace más de una década —y que, además, rebasa las facultades del propio Congreso.
El texto propuesto por la legisladora busca adicionar una fracción al artículo 9 de la Constitución estatal para elevar el reconocimiento del Xantolo a rango constitucional. Sin embargo, desde noviembre de 2013, el entonces gobernador Fernando Toranzo Fernández ya había declarado oficialmente esta festividad indígena como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Dicho acto se sustentó en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de San Luis Potosí, que en su artículo 13, fracción II, otorga de manera exclusiva al titular del Ejecutivo estatal la facultad de realizar este tipo de declaratorias.
Por tanto, la iniciativa presentada no solo repite un reconocimiento ya existente, sino que pretende ejercer una facultad que no corresponde al Poder Legislativo. En términos estrictos, el Congreso puede reformar la Constitución, pero no “declarar” un patrimonio cultural —una atribución claramente administrativa.
En su exposición de motivos, Azuara Yarzábal argumenta que elevar el reconocimiento del Xantolo al nivel constitucional “garantizaría su preservación y transmisión a futuras generaciones”. No obstante, expertos en derecho cultural advierten que la protección efectiva del patrimonio depende más de políticas públicas continuas, financiamiento y acciones comunitarias que de inclusiones simbólicas en la Constitución.
En otras palabras, la reforma tendría escaso impacto real, más allá del gesto político de “reafirmar lo ya reafirmado”.
El Xantolo —celebración indígena de Día de Muertos en la Huasteca potosina— ya goza de reconocimiento jurídico y social. Desde hace años, es emblema de identidad y cohesión cultural para los pueblos Náhuatl y Tének, que han sostenido su preservación con o sin el respaldo de los gobiernos.
Convertir esta festividad en tema de reforma constitucional podría interpretarse como un uso simbólico del patrimonio con fines políticos, en lugar de un verdadero fortalecimiento institucional de su protección.
El Congreso del Estado parece haber caído en un ejercicio de redundancia normativa: legislar sobre lo ya declarado, y además, sin competencia directa para hacerlo. La iniciativa de Azuara Yarzábal se inscribe más en el terreno del gesto político y la visibilidad pública que en el de la eficacia jurídica o la innovación cultural.
El Xantolo no necesita más decretos para seguir vivo: necesita políticas culturales sostenidas, apoyo comunitario y respeto a su carácter sagrado. Todo lo demás —incluida esta reforma— suena, más bien, a repetición con fines de protagonismo.
