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Proponen tipificar el ciberacoso sexual con penas de hasta tres años de prisión en SLP

El Congreso de SLP analiza una iniciativa para castigar el ciberacoso sexual con hasta tres años de prisión y multas de casi 34 mil pesos.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analizará una iniciativa para sancionar de manera específica el ciberacoso sexual, una conducta que podría castigarse con penas de seis meses a tres años de prisión y multas que superarían los 30 mil pesos, en caso de su aprobación.

La propuesta, que se revisará en la Comisión Primera de Justicia, plantea modificar el Código Penal estatal mediante la incorporación de los artículos 181 Bis y 181 Ter, con el propósito de atender de forma directa la violencia sexual que se ejerce exclusivamente a través de medios digitales.

De acuerdo con el proyecto, incurrirá en este delito quien, sin consentimiento, acose, hostigue, intimide, persiga o aceche a otra persona mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico u otras plataformas digitales, a través de mensajes, comentarios o insinuaciones de carácter sexual, así como mediante acecho digital con fines lascivos.

Además de la pena de cárcel, se prevé una sanción económica de entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que con el valor vigente equivale a multas aproximadas de 11 mil a casi 34 mil pesos. Cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, la sanción podría aumentar hasta en una tercera parte.

En la exposición de motivos se señala que este tipo de agresiones genera afectaciones psicológicas profundas, vulnera la intimidad de las víctimas y altera su tranquilidad, además de que puede escalar hacia formas de violencia más graves si no se atiende de manera oportuna.

Aunque la legislación local ya contempla delitos como el hostigamiento sexual y la difusión ilícita de imágenes íntimas, el documento advierte que actualmente existe un vacío legal cuando el acoso ocurre en entornos digitales sin relación de subordinación y sin la difusión de material audiovisual, lo que deja a las personas afectadas en una situación de indefensión jurídica.

La iniciativa concluye que la ausencia de una tipificación clara no solo provoca incertidumbre legal, sino que también dificulta la prevención y el combate de la violencia digital, una práctica que va en aumento y que representa un riesgo real en la vida cotidiana de la población.

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