La diputada Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso de San Luis Potosí, hizo acto de presencia esta semana al lanzar críticas severas contra la Dirección de Turismo de la capital potosina. Según la legisladora, el crecimiento turístico en la ciudad se ha desacelerado de forma “preocupante”, en contraste con regiones como la Huasteca, donde —afirma— los indicadores se mantienen al alza gracias al trabajo de la Secretaría de Turismo estatal.
Su narrativa, sin embargo, exhibe una conveniente amnesia.
Los datos más recientes publicados en la plataforma federal DataTur muestran un ligero pero consistente incremento en el número de visitantes a la capital durante 2024 frente al año pasado. Cierto: no se trata de un auge espectacular, pero tampoco del desplome alarmista que la diputada sugiere. Su énfasis en la “desaceleración” es, por decirlo con elegancia, un diagnóstico incompleto que soslaya la realidad más amplia del sector.
Más grave aún es lo que decidió callar. Puente Bustindui, con maña política digna de nota, omitió mencionar que asociaciones turísticas del estado han denunciado una alarmante caída en la promoción turística estatal, atribuida directamente a la Secretaría de Turismo que ella tanto ensalza. Durante 2023 y el primer semestre de 2024, reportes del sector documentaron ocupaciones hoteleras de apenas 49% a 55% en temporadas tradicionalmente fuertes como Xantolo o Semana Santa.
Por supuesto, en el discurso de la diputada no hubo espacio para estas cifras. Tampoco para abordar el profundo malestar empresarial por la falta de coordinación estatal, ni para reconocer que la secretaría que ella encumbra se ha convertido en una institución opaca, plagada de señalamientos sobre su uso como caja chica para promover marcas de bebidas alcohólicas vinculadas al gobernador Ricardo Gallardo.
Al final, la crítica de Puente Bustindui parece más un ejercicio de oportunismo político que un análisis serio de los retos del turismo potosino. Señala con dedo flamígero las fallas de la capital —que ciertamente existen— pero guarda un silencio sobre la responsabilidad estatal que ella misma, como presidenta de la Comisión de Turismo, debería vigilar con celo.
