Una eventual reforma electoral impulsada desde los partidos políticos podría modificar de forma significativa las reglas del financiamiento público y, con ello, afectar de manera directa a las fuerzas de oposición con menor votación, advirtió el especialista en temas electorales Marco Iván Vargas.
El experto señaló que, aunque existen propuestas ciudadanas orientadas a fortalecer la equidad en la competencia, las iniciativas que se perfilan desde los propios partidos parecen concentrarse en el tema del dinero. En particular, explicó que dentro del debate se plantea tanto una reducción general del financiamiento como una revisión de la fórmula con la que se distribuyen los recursos.
Actualmente, el modelo de reparto asigna 30 por ciento del financiamiento de manera igualitaria entre todos los partidos y 70 por ciento conforme a los votos obtenidos en la última elección. Vargas indicó que este esquema beneficia de forma clara a los partidos mayoritarios y limita el margen de operación de los institutos políticos más pequeños, situación que en San Luis Potosí favorece principalmente a Morena y al Partido Verde.
De acuerdo con el especialista, un ajuste en la fórmula —por ejemplo, repartir 50 por ciento de los recursos de manera equitativa y el otro 50 de forma proporcional— permitiría reducir la brecha económica entre partidos y generar condiciones más parejas en términos financieros durante las contiendas electorales.
Vargas subrayó que está demostrado que los partidos pueden operar con menos recursos públicos, pero advirtió que uno de los principales problemas persiste en la fiscalización del gasto. Señaló que la ciudadanía desconoce en qué se utilizan los recursos asignados y que la falta de claridad abre espacios de desconfianza.
En ese sentido, consideró que la reforma electoral representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control y prevenir el financiamiento ilícito en campañas. No obstante, lamentó que hasta ahora las propuestas en discusión dediquen poca atención a este punto, pese a su relevancia para la transparencia y la legalidad del sistema electoral.
