San Luis Potosí enfrenta un debate electoral que, aunque se presenta como técnico, revela tensiones políticas profundas. La propuesta de adelantar el inicio del proceso electoral, de enero del año de la elección a los últimos meses del año anterior, ha puesto en evidencia que detrás de las fechas y los procedimientos se juegan intereses estratégicos de partidos, autoridades y órganos electorales.
La presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Dennise Adriana Porras Guerrero, sostiene que la reforma debe construirse con un consenso amplio, incluyendo expertos, academia y sociedad civil. Sin embargo, su insistencia en corregir “los tiempos tan cortos para los medios de impugnación” también refleja un interés institucional: garantizar que el Tribunal tenga más margen de maniobra y evite críticas por resoluciones apresuradas. La defensa de la técnica jurídica, entonces, se cruza con una búsqueda de seguridad institucional frente a futuras elecciones.
Por su parte, el consejero electoral Juan Manuel Ramírez García defiende el adelanto formal del proceso, argumentando que muchas actividades —integración de comités, registro de coaliciones y coordinación con el INE— ya se realizan meses antes. Formalizar el inicio no solo daría certeza legal, sino que también otorgaría ventaja práctica a los actores con mayor preparación y recursos, consolidando la posición del CEEPAC como árbitro y beneficiario simultáneo del cambio.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, adopta una postura cautelosa, subrayando costos financieros y administrativos y el desfase con el calendario nacional. Pero su prudencia también puede interpretarse como un cálculo político: mantener el inicio en enero permite a los partidos locales más tiempo para negociar candidaturas, organizarse y ajustar recursos sin la presión de un calendario adelantado que favorezca a quienes ya tienen estructuras listas.
Sumando tensión al debate, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que ya iniciaron los trabajos para analizar la propuesta. Torres advirtió que la reforma debe resolverse antes de junio de 2026 para las elecciones de 2027, y que el análisis no solo debe considerar la operatividad, sino también la equidad política y la representación. No obstante, la urgencia del calendario y la definición de reglas un año antes de la elección evidencian que los tiempos y las decisiones se están moviendo bajo presión, lo que podría favorecer a quienes tengan mayor influencia política y capacidad de negociación en el Congreso.
El debate trasciende la técnica: un adelanto formal puede beneficiar a estructuras políticas preparadas, mientras que mantener la fecha actual deja margen a quienes necesitan más tiempo para organizar candidaturas y alianzas. Cada actor —Tribunal, CEEPAC, Gobierno y Congreso— busca acomodar la reforma a sus propios intereses, disfrazando cálculos estratégicos de argumentos jurídicos o técnicos.
Con elecciones en junio de 2027 y plazos definidos para junio de 2026, la definición de la reforma será un termómetro del poder político en San Luis Potosí. Más que un ajuste operativo, la reforma electoral local se perfila como un escenario politico.
