La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo generó posturas encontradas entre diputados locales de partidos aliados y de oposición en San Luis Potosí, al plantear cambios en el financiamiento público, el acceso a las diputaciones y la operación del sistema electoral.
El proyecto mantiene la integración de 500 curules en la Cámara de Diputados —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—, pero propone:
- Modificar el mecanismo de asignación de estas últimas
- Reducir en 25 por ciento el financiamiento público a los partidos
- Eliminar la reelección consecutiva a partir de 2030
- Prohibir el nepotismo
- Disminuir el gasto electoral
- Suprimir el servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras medidas.
Desde la oposición, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, consideró que aunque no se contempla desaparecer la representación proporcional, el debate se centrará en el método para designar a quienes ocupen esas posiciones. Señaló que la reducción de recursos públicos podría afectar la competitividad rumbo a los comicios de 2027 y advirtió que eliminar el servicio profesional del INE pondría en riesgo la calidad técnica de las elecciones.
En el bloque aliado, también surgieron reservas. El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, respaldó el anuncio presidencial, pero aclaró que su partido no coincide plenamente con la disminución del financiamiento ni con eventuales ajustes a las diputaciones plurinominales. Argumentó que retirar recursos públicos podría generar condiciones inequitativas, sobre todo para fuerzas políticas pequeñas, y abrir la puerta al uso de dinero ilícito.
Gámez Macías también pidió revisar a detalle la propuesta de asignar curules bajo el esquema de “mejores segundos lugares”, al considerar que podría favorecer a entidades con mayor densidad poblacional y provocar disparidades en la representación.
Por su parte, el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, defendió la reforma al sostener que responde a una demanda social de reducir el gasto en partidos y fortalecer la representación directa. Afirmó que el nuevo modelo permitiría que quienes aspiren a un cargo participen en campaña y accedan a una diputación con base en su votación, además de incluir medidas para regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales, eliminar el financiamiento en efectivo y reforzar la fiscalización.
Turnarán la iniciativa al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. De avanzar, posteriormente deberán armonizar las modificaciones en las entidades federativas.
