El Congreso del Estado de San Luis Potosí dispone de menos de 20 días para presentar el nuevo protocolo con el que se repetirán las consultas públicas que fueron anuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a irregularidades detectadas en su realización.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que este plazo fue definido durante una reunión sostenida con representantes del máximo tribunal del país. En el encuentro también participaron la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, asesores legislativos y diputadas y diputados locales.
De acuerdo con Serrano Cortés, durante la reunión se instruyó a los participantes a formalizar los avances en el diseño del nuevo procedimiento y precisar la metodología que se aplicará, con el objetivo de evitar que el proceso vuelva a ser impugnado.
El legislador explicó que la sentencia de la Corte obliga al Congreso a repetir las consultas que originalmente se realizaron para sustentar reformas legales, por lo que el Poder Legislativo deberá cumplir con el mandato judicial dentro del plazo establecido.
Congreso asumirá directamente la organización
Inicialmente, el Congreso buscó que el Ceepac se encargara de organizar la consulta, con el argumento de garantizar un mecanismo equilibrado y con condiciones de equidad para las personas participantes.
Sin embargo, el organismo electoral notificó mediante oficio —dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina— que no se encuentra en condiciones de asumir esa responsabilidad. Ante esta respuesta, el propio Congreso tendrá que organizar el procedimiento.
Consulta podría costar hasta 9 millones de pesos
Serrano Cortés señaló que la consulta anterior implicó un gasto cercano a los 9 millones de pesos, recursos que se destinaron a la integración de un equipo técnico-operativo y a la logística necesaria para desarrollar el ejercicio.
El legislador indicó que el posible impacto presupuestal para repetir el proceso ya fue planteado ante la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Aun así, subrayó que el cumplimiento de la resolución judicial es obligatorio.
Dos consultas deberán repetirse
El nuevo proceso contempla la realización de dos consultas diferenciadas. La primera está relacionada con temas de discapacidad, la cual se considera de menor complejidad operativa.
La segunda corresponde a la consulta vinculada con la Ley Indígena, que requerirá un diseño más cuidadoso para garantizar que se cumplan los parámetros legales establecidos por la SCJN.
Las autoridades legislativas deberán presentar el nuevo protocolo dentro del plazo establecido para evitar retrasos en el cumplimiento de la sentencia.
