En un hecho que debería centrarse en la gestión pública, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convirtió una vez más una ceremonia oficial en una plataforma para atacar a adversarios políticos y promover su imagen. Utilizando el ya desgastado discurso de la «herencia maldita», culpó al Ayuntamiento de la capital de problemas como la inseguridad y la falta de agua, desviando la atención en la gestión de su propia administración.
No es la primera vez que Gallardo Cardona enfrenta señalamientos por actos anticipados de campaña. En 2019, el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) acusándolo de proselitismo fuera de los tiempos establecidos, basándose en reuniones y declaraciones públicas donde manifestaba abiertamente sus intenciones políticas futuras.
Además, su gestión ha estado marcada por controversias financieras. En 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó su campaña por la gubernatura con multas millonarias debido a gastos no reportados, incluyendo producción de videos, eventos y publicidad.
Utilizar recursos y plataformas gubernamentales para fines personales y partidistas es un insulto a la democracia y al respeto que merece la ciudadanía; la cual merece líderes enfocados en resolver los problemas que aquejan al estado, no en campañas políticas disfrazadas de actos de gobierno.
