En las últimas semanas, la cartelera de espectáculos en San Luis Potosí ha comenzado a mostrar un patrón difícil de ignorar y aún más difícil de explicar sin levantar cejas: la cancelación o el repentino cambio de sede de eventos originalmente programados en El Domo, uno de los recintos privados más relevantes del estado.
Lo que comenzó como una eventualidad aislada se ha convertido en una tendencia sospechosa. La función de lucha libre de la Triple AAA que debía celebrarse en El Domo el 19 de marzo fue trasladada sin mayores explicaciones a la Arena Potosí. El concierto de Miguel Bosé, anunciado para el 29 de marzo, fue cancelado de forma abrupta. Pedro Fernández cambió de escenario, del Domo al Palenque de la Feria, y recientemente se confirmó que la banda Caifanes no se presentará en El Domo como estaba previsto para el 16 de mayo, sino en el Auditorio del Parque Tangamanga 2.
Todos estos recintos alternativos tienen algo en común: están bajo la administración del Gobierno del Estado.
La coincidencia —si es que lo es— ha encendido las alarmas entre promotores, empresarios y ciudadanos que ven en esta serie de movimientos una posible maniobra de presión institucional para favorecer espacios controlados por el Ejecutivo local. La hipótesis que comienza a tomar fuerza es inquietante: ¿está el gobierno estatal condicionando, o incluso amenazando, a los promotores para que desistan de usar instalaciones privadas?
La sombra del gobernador Ricardo Gallardo planea sobre esta controversia. Su protagonismo en el ámbito del espectáculo potosino no es un secreto. Desde la curaduría artística de la Feria Nacional Potosina hasta la organización de eventos multitudinarios en espacios públicos, su mano se hace notar. Y ahora, también podría estar marcando la pauta en cuanto a dónde —y con quién— sí se puede hacer negocio en el mundo del entretenimiento local.
Aunque es cierto que las decisiones logísticas pueden obedecer a razones económicas, técnicas o de aforo, la acumulación de casos en tan corto tiempo, y el hecho de que todos ellos terminen en manos del aparato estatal, resulta demasiado conveniente. La cancelación total del concierto de Miguel Bosé, sin sede alterna, agrava las sospechas: más que un desliz organizativo, huele a intervención deliberada.
Si el Gobierno del Estado está utilizando su posición para limitar la operación de recintos privados, se estaría cruzando una línea peligrosa. No solo se afectaría la libre competencia, sino también la autonomía de los promotores y, en última instancia, el derecho del público a elegir dónde y cómo quiere disfrutar de un espectáculo.
