El abogado José Mario de la Garza Marroquín alertó sobre el contenido y las implicaciones de la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, que pretende reformar el Código Penal para sancionar el uso “indebido” de la inteligencia artificial. En palabras del jurista, la propuesta, que se presenta como una medida para frenar los deepfakes, es en realidad un terreno fértil para la censura y el control político de la expresión digital.
El proyecto plantea incorporar al Código Penal potosino un nuevo artículo —el 187— y un capítulo titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, con los artículos 272 Bis y 272 Ter. En apariencia, su propósito es castigar a quienes difundan contenidos creados con IA que imiten la voz, rostro o imagen de una persona sin autorización, o que supuestamente generen alarma pública. Sin embargo, detrás de esa narrativa de “protección”, la redacción abre márgenes amplios e imprecisos que podrían permitir la criminalización de la crítica, la parodia y el periodismo incómodo.
De la Garza Marroquín subrayó que el debate sobre la inteligencia artificial debe centrarse en la transparencia, la rendición de cuentas y la alfabetización digital, no en la expansión del derecho penal. “El problema no es la tecnología, sino el impulso autoritario de querer controlarla a través del castigo”, advirtió. En un país donde la impunidad es la norma, dijo, recurrir a figuras penales vagas solo incrementa el riesgo de abusos y persecuciones selectivas.
El abogado recordó que las democracias modernas diseñan su marco sobre inteligencia artificial desde la ética y la regulación civil, no desde el miedo ni el castigo. “Delegar al Estado la facultad de decidir qué constituye una ‘alarma social’ es abrir la puerta a un nuevo tipo de censura”, señaló.
La iniciativa de Serrano Cortés será turnada a comisiones del Congreso para su análisis, aunque especialistas en derecho digital y libertad de expresión coinciden: regular la inteligencia artificial no debe equivaler a penalizar la opinión. La verdadera discusión está en cómo construir una política tecnológica con enfoque en derechos humanos, sin convertir el miedo a lo digital en una excusa para restringir la libertad.
