Mientras las autoridades presumen operativos de seguridad, las cifras cuentan una historia muy distinta: el robo al autotransporte en San Luis Potosí se ha disparado de manera alarmante, al grado de colocar a la entidad en el cuarto lugar nacional por incidencia de este delito. Así lo denunció Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), quien advirtió que 2025 podría cerrar con más de 475 robos, superando con creces los ya preocupantes 175 casos registrados en lo que va de este año.
“Las cifras demuestran lo contrario”, sentenció Torres Mendoza al cuestionar la narrativa oficial de que se combate eficazmente este delito. Aseguró que los llamados del sector transportista para incrementar la vigilancia han sido sistemáticamente ignorados por autoridades estatales y federales, lo que ha derivado en una creciente ola de violencia e impunidad en las carreteras potosinas.
A pesar de reuniones sostenidas con el general Gaudencio Ramos Jiménez, actual coordinador estatal de la Guardia Nacional, las promesas se han quedado en papel, y el diagnóstico oficial —que atribuye el problema a una supuesta falta de conocimiento de los tramos conflictivos— parece más una excusa que un compromiso real. “Los mandos intermedios sí saben qué tramos son peligrosos, pero no hay resultados”, reprochó el líder transportista.
Más grave aún, Torres Mendoza no descartó que la omisión se esté convirtiendo en complicidad. “No queremos pensar que esto se convierta en un foco de corrupción, donde malos elementos estén involucrados, poniendo a disposición unidades robadas que luego ‘milagrosamente’ reaparecen y son devueltas por la Fiscalía General de la República”, denunció con contundencia.
El daño no es menor: pérdidas económicas incalculables, estimadas en cientos de millones de pesos, con cargas que no llegan a su destino y empresas que ven amenazada su supervivencia. Aunque se reporta una recuperación del 20 al 22 % de las unidades, los delincuentes actúan con total impunidad, y en la mayoría de los casos no hay detenidos. “En el mejor de los casos, hablamos de un 5 % de detenciones en flagrancia”, lamentó.
Entre los productos más codiciados por las bandas criminales destaca el acero, fácil de comercializar como chatarra, aunque también se reportan constantes robos de alimentos perecederos y otros bienes. “La Guardia Nacional recupera las unidades y lo anuncia con bombo y platillo, pero los responsables siguen libres”, acusó.
Las zonas más peligrosas, según AMOTAC, siguen siendo Matehuala, El Huizache, el entronque a Guadalcázar, Santa María del Río y los límites con Guanajuato, donde se ha exigido —sin éxito— una presencia constante y operativa de las fuerzas de seguridad.
