De los 24 millones 944 mil pesos que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí destinó a comunicación social y publicidad —según datos de la Cuenta Pública—, apenas medio millón de pesos ha sido transparentado en términos de contratos. Con ello, San Luis Potosí se ubica como la entidad más opaca del país, de acuerdo con el informe anual de Artículo 19, Publicidad Oficial 2024: Los estados concentran la mayor parte del gasto nacional.
El documento, que analiza el gasto en comunicación social y publicidad oficial en México, advierte un cambio de tendencia preocupante: mientras el Gobierno Federal ha reducido significativamente su gasto, los gobiernos estatales lo han incrementado de manera acelerada y sin controles claros, fenómeno afecta directamente la libertad de prensa y el derecho a la información.
Aunque San Luis Potosí presenta el gasto más bajo del país —0.06% de su presupuesto total y apenas 15.22 pesos per cápita—, es también una de las entidades menos transparentes, lo que para Artículo 19 resulta especialmente alarmante. Cuando el gasto en publicidad “se ejerce sin criterios transparentes o se concentra en unos cuantos medios, puede convertirse en una herramienta de control político”, advierte la organización.
El reporte también evidencia discrepancias entre las cifras aprobadas en los presupuestos y las finalmente ejercidas. En algunos estados, el gasto final supera hasta en 100% lo aprobado, aunque no es el caso de San Luis Potosí, donde se ejerció solo 1.4% más de lo proyectado, equivalente a 587 mil pesos adicionales.
Lo más llamativo es que ese medio millón de pesos fue justamente lo único que el gobierno potosino transparentó, los contratos entregados revelan apenas cuatro proveedores, lo anterior pese a múltiples solicitudes de acceso a la información, (aunque de facto dicha información por ley deberia ser pública y localizarse en la Plataforma Estatal de Transparencia, advierte Artículo 19.
Este patrón de opacidad no es nuevo. En marzo de 2025, el medio Astrolabio documentó que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado clasificó como reservada hasta 2029 toda la información relacionada con un contrato de 10 millones 115 mil 200 pesos, otorgado por adjudicación directa por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a un medio de comunicación.
En síntesis, Artículo 19 concluye que la falta de criterios de asignación transparentes afecta directamente la libertad de prensa y el derecho a la información, permitiendo a los gobiernos premiar coberturas favorables y castigar la crítica, con lo que mantienen un control indirecto sobre los medios de comunicación.
