El Congreso de San Luis Potosí aprobó con una votación casi unánime (22 votos a favor, una abstención) la tipificación de la violencia vicaria como delito dentro del Código Penal estatal. La nueva legislación, aunque significativa en el reconocimiento jurídico de esta forma brutal de agresión contra las mujeres, deja claros pendientes en cuanto a su construcción y aplicación.
La reforma castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión a quien inflija daño doloso a una mujer utilizando a sus hijas o hijos como instrumento de violencia, provocando además afectaciones físicas o emocionales en los menores. El nuevo artículo 207 Ter, integrado bajo un capítulo específico titulado “Violencia Vicaria”, contempla también la pérdida de la patria potestad, suspensión de pensiones alimenticias, tratamiento psicológico obligatorio y sanciones económicas que oscilan entre 140 y 200 UMAs.
Además, se faculta a los jueces para imponer medidas adicionales como la prohibición de acudir a ciertos espacios, exclusión de derechos hereditarios y la participación en programas de reeducación. Eso sí, estas restricciones no podrán extenderse más allá del tiempo de prisión establecido.
A primera vista, la legislación parece un avance en la protección de los derechos de mujeres y menores frente a una de las expresiones más crueles del patriarcado. Sin embargo, activistas señalan que la forma en que se gestó esta iniciativa dista mucho de ser un ejemplo de proceso democrático y participativo.
Claudia Yolanda Ugalde Hernández, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), celebró la inclusión del enfoque de género en la ley, pero criticó duramente que se haya aprobado sin consultar a las víctimas ni considerar las propuestas presentadas por colectivos ciudadanos. «La norma nace sin escuchar a quienes llevan años alzando la voz», advirtió.
La violencia vicaria —una herramienta de control que instrumentaliza el vínculo madre-hijos para castigar, someter y destruir— ha dejado historias estremecedoras a lo largo del país. Se manifiesta en formas que van desde el chantaje emocional y la alienación parental, hasta los actos más atroces: abuso, tortura o incluso feminicidio infantil. Es violencia de género, sí, pero también es una forma meticulosa de terrorismo familiar.
