El proceso mediante el cual el Congreso del Estado declaró improcedente un juicio político contra la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades, falta de transparencia y omisiones en la integración del expediente, denunció María de Jesús Almendárez Prieto.
La inconforme explicó que el recurso se presentado desde mayo de 2024; sin embargo, su resolución se prolongó y, durante el trámite, se detectaron inconsistencias que, a su juicio, afectan la legalidad del procedimiento. Entre ellas, señaló que la documentación legislativa se le entregó incompleta, con deficiencias materiales e incluso con páginas ilegibles, lo que le impide conocer con precisión los argumentos que sustentaron la decisión.
Además, sostuvo que la resolución del Congreso carece de una fundamentación clara, al no detallar las razones jurídicas por las que se desechó el juicio político promovido contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno. También acusó que no se consideró una ampliación de la denuncia presentada previamente y que parte del expediente fué extraviada durante el proceso.
El juicio político fu declarado improcedente el pasado 17 de marzo, bajo el argumento de que no existían elementos suficientes, según lo expresado públicamente por la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia.
Ante este escenario, Almendárez Prieto anunció que buscará acceder a la versión estenográfica de la sesión en la que se tomó la decisión, con el fin de reunir elementos para promover un juicio de amparo. No obstante, aseguró que hasta el momento se le ha negado el acceso a dicha información.
Como parte de sus exigencias, solicitó a la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, que exhorte a la diputada Vázquez Hernández a emitir una disculpa pública por los señalamientos realizados en su contra durante el proceso.
Asimismo, pidió la intervención de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se pronuncie sobre su caso; sin embargo, afirmó que esta solicitud también fué rechazada, pese a los actos de violencia institucional que asegura haber enfrentado.
La denunciante también cuestionó el tratamiento público de su caso, al considerar que fuestigmatizada, mientras que —sostuvo— su actuación ha estado orientada a la exigencia de justicia. A su juicio, las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento comprometen la transparencia y la confianza en los mecanismos de control político del Poder Legislativo.
