La actuación de la síndico municipal de Rioverde, Claudia Elena Juárez Iga, ha sido cuestionada luego de un conflicto ocurrido en el tianguis instalado en la calle Quezada, donde una vecina denunció presuntos actos de intimidación, retención de pertenencias y cobros indebidos vinculados con la operación del mercado ambulante.
De acuerdo con el testimonio de la persona afectada, el conflicto inició cuando presuntamente se le exigió el pago de una cuota bajo el argumento de que su actividad comercial formaba parte del tianguis, a pesar de que asegura que desde hace años vende productos frente a su propio domicilio.
La denunciante sostiene que durante el altercado le fueron retenidos objetos personales, entre ellos un teléfono celular y mercancía. Según su versión, parte de estos artículos le fueron devueltos posteriormente, tras insistir ante autoridades municipales.
El caso fue llevado a un proceso de conciliación en la Presidencia Municipal, donde —según el testimonio de la afectada— la síndico municipal Claudia Elena Juárez Iga habría señalado que la situación se derivó de un episodio de “estrés laboral” por parte de la encargada del tianguis de la calle Quezada, quien coordina alrededor de 130 puestos.
Durante ese proceso, también se mencionó la intervención de un empleado municipal identificado como Miguel Verástegui, quien habría devuelto parte de las pertenencias retenidas.
La denunciante afirma además que durante el incidente se realizaron diversas llamadas al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de la policía municipal, sin que —según su versión— se registrara una intervención directa de los elementos de seguridad.
En los señalamientos también se menciona la presunta participación o conocimiento de funcionarios municipales, entre ellos el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Rioverde no ha emitido un posicionamiento público detallado respecto a estas acusaciones.
