«El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona debe atender las justas demandas laborales de las y los trabajadores estatales, ya que su obligación legal como parte patronal es escucharlos, no ignorarlos ni evadir su responsabilidad». Así lo señaló la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa, criticó que mientras el mandatario se niega a resolver el conflicto laboral que mantiene con el Sindicato, ofrece supuestos apoyos a personal ajeno al Gobierno Estatal, provenientes de una empresa privada, argumentando que “se lo pidieron por redes sociales”.
Asimismo, se rehúsa a pagar más de seis mil millones de pesos que adeuda a la Dirección General de Pensiones, por no realizar su aportación patronal y retener la de los trabajadores, aunque impulsa la creación de fondos de pensiones para policías municipales, violando la autonomía de los ayuntamientos. “Como dice el refrán: José Ricardo Gallardo es candil de la calle y oscuridad en su casa”, expresó Reséndiz Lara.
Acusaciones de acoso y despidos arbitrarios
La líder sindical denunció que continúan los abusos laborales, el acoso, hostigamiento, despidos ilegales, violencia institucional y policial contra integrantes del SITTGE.
Ejemplificó con dos casos que evidencian el patrón de despidos sin notificación oficial, sin explicación de causas, sin liquidaciones y sin documentos firmados. Denunció que despidieron a más de 150 integrantes del Sindicato de forma arbitraria, hostigados y bloqueados para ingresar a sus centros de trabajo, porque —según Reséndiz— el gobernador busca quitar las bases a trabajadores sindicalizados para asignarlas a sus allegados.
Denuncian persecución legal e inacción institucional
El asesor legal del SITTGE, Francisco Parra Barbosa, sostuvo que la actuación del gobernador es errática e ilegal, al imponer su voluntad por encima de la ley, utilizando a la fuerza pública para violar derechos humanos y laborales. Acusó además al juez cuarto del ramo civil, Luis Ricardo Molina Corpus, de ejecutar instrucciones del mandatario para despojar a trabajadores de sus viviendas.
Ana Verónica López Chávez, secretaria de Única Suplencia del Sindicato, lamentó que el titular de Pensiones, Luis Arturo Coronado, incumpliera el compromiso de frenar los procesos legales contra trabajadores despedidos. Aseguró que estos procesos continúan, pese a la promesa de no proceder legalmente contra quienes cayeron en insolvencia tras su despido.
SITTGE exige respeto a la ley y al Sindicato
Reséndiz Lara cuestionó si es necesario rendirle obediencia al gobernador en redes sociales para que escuche sus peticiones. Lo acusó de difamarla al responsabilizarla de fraudes cometidos por exgobernadores y de intentar involucrarla en un desfalco de 200 millones de pesos, sin que eso haya derivado en el pago de la deuda con Pensiones.
También criticó su propuesta de crear fondos de pensiones municipales, señalando que busca descontar recursos a policías que ya cuentan con derechos laborales, además de usar recursos del ramo 33, lo cual es ilegal.
Parra Barbosa remató que el mandatario incumple con su deber constitucional, actúa fuera de toda lógica legal y pueden sancionarlo e inhabilitarlo, incluso al término de su sexenio, por perseguir a trabajadores y violentar la libertad sindical.
