Colectivas y activistas en defensa de los derechos de las infancias solicitaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí realizar modificaciones legales para que el Buró de Deudores Alimentarios sea público y consultable, al señalar que su actual naturaleza privada limita su efectividad y favorece la dilación de procesos judiciales.
Julia Montserrat Díaz Márquez, encargada de la implementación de la Ley Sabina a nivel nacional en la entidad, explicó que el tema se discutió durante al menos dos legislaturas sin avances sustantivos. Indicó que, al ser un registro privado, el acceso a la información solo se permite mediante autorización judicial y exclusivamente a personas que acrediten tener derechos dentro del expediente correspondiente.
La activista sostuvo que esta condición reduce el impacto del buró, pues impide la consulta pública y retrasa la identificación de deudores alimentarios. Añadió que el Poder Judicial ya cuenta con la información necesaria, por lo que no se requeriría presupuesto adicional para hacerla pública, y señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la difusión de estos padrones no vulnera derechos fundamentales.
Díaz Márquez precisó que la decisión para modificar el marco legal corresponde al Congreso del Estado, por lo que solicitó la apertura de mesas de diálogo con legisladores y bancadas, particularmente con representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a fin de escuchar a las colectivas y avanzar hacia la publicación del padrón, siguiendo experiencias ya implementadas en entidades como Ciudad de México y Oaxaca.
Entre los beneficios de un registro público, destacó:
- La visibilización del abandono paterno
- La agilización de los procesos judiciales para el pago de pensiones alimenticias
- La prevención de la violencia económica
- La protección de futuras parejas, al advertir sobre antecedentes de incumplimiento de obligaciones alimentarias
Respecto a la situación en San Luis Potosí, la activista señaló que el padrón registra actualmente 181 deudores, cifra que consideró incongruente con la realidad social del estado. Afirmó que se trata de una “cifra negra” que refleja la ineficacia del sistema privado, al estimar que el número real de casos podría ser significativamente mayor.
Finalmente, hizo un llamado a la sensibilidad política y al consenso legislativo, subrayando que la petición no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de priorizar el bienestar de las infancias y garantizar el acceso efectivo a la justicia para madres y familias potosinas.
