La reciente publicación de los nombres de los 339 aspirantes a ocupar cargos como jueces y magistrados en San Luis Potosí ha generado una ola de cuestionamientos debido a la presencia de figuras cercanas al actual gobierno estatal. Más que un proceso democrático transparente, la lista de candidatos parece evidenciar un esquema de favoritismo que pone en duda la legitimidad de la elección.
Entre los nombres que han causado mayor polémica se encuentran José Luis Ruiz Contreras, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y exfiscal del estado, quien busca convertirse en magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con jurisdicción en todo el territorio potosino. Su cercanía con el gobernador y su historial dentro del aparato estatal generan dudas sobre la imparcialidad de su eventual nombramiento.
Otro caso alarmante es el de Silvia Torres Sánchez, hermana del secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, quien además se podría suponer que incurriría en posibles actos de corrupción, al ser parte del despacho legal de su hermano y dictar sentencias a conveniencia. Su candidatura como magistrada en el mismo tribunal refuerza las sospechas de que el proceso de selección está diseñado para beneficiar a una élite política en lugar de fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Además, se ha señalado que una gran mayoría de los aspirantes tienen vínculos con el Partido Verde, el grupo político dominante en el estado. Este dato refuerza la percepción de que la elección no será más que una formalidad para legitimar la designación de aliados del gobierno, en lugar de una verdadera renovación judicial basada en méritos y competencia.
