El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad desechar el juicio político promovido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí en contra de la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez, lo que obliga al Poder Legislativo local a restituirle sus derechos político-electorales.
La decisión se dio al resolver el Amparo en Revisión 732/2024, cuyo proyecto elaboró la ministra Lenia Batres Guadarrama. En la sesión, las y los ministros coincidieron en que el Congreso potosino rebasó sus atribuciones constitucionales al admitir, sustanciar y resolver un juicio político sustentado en un presunto incumplimiento de una suspensión dictada por el Poder Judicial de la Federación, materia que corresponde exclusivamente a órganos jurisdiccionales federales.
El fallo establece que el Poder Legislativo local incurrió en una invasión de competencias al calificar por cuenta propia una supuesta violación a una suspensión de plano concedida dentro de un juicio de amparo, pese a que esa acusación se analizó con anterioridad y la consideraron infundada por la autoridad judicial competente. Para la Corte, esta actuación contravino el principio de división de poderes, la independencia judicial y garantías esenciales del debido proceso.
El juicio político había derivado en la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos en contra de Vázquez y otros exintegrantes del Cabildo de la administración municipal 2018–2021. No obstante, la Suprema Corte determinó que el procedimiento legislativo presentó irregularidades sustanciales, como deficiencias en notificaciones, falta de formalidades procesales y omisiones en el desahogo de pruebas, lo que colocó a la parte afectada en estado de indefensión.
Durante el análisis, el Pleno retomó el criterio fijado previamente en el caso del exalcalde Xavier Nava, resuelto en junio de 2025, en el que se estableció que los congresos locales no pueden determinar el incumplimiento de suspensiones otorgadas en juicios de amparo, al tratarse de una competencia reservada al ámbito federal.
Con la votación unánime, la Corte no solo declaró improcedente el juicio político, sino que dejó sin efectos las sanciones impuestas y ordenó que se restituyan los derechos político-electorales de Alicia Nayeli Vázquez, al considerar que el Congreso del Estado actuó fuera de su marco constitucional.
