Este jueves, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un asunto relacionado con el juicio político promovido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí contra integrantes del Cabildo capitalino de la administración 2018–2021, procedimiento que derivó en sanciones de inhabilitación por hasta 15 años para ejercer cargos públicos.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama dentro del Amparo en Revisión 732/2024, concluye que el Congreso local excedió sus facultades constitucionales al admitir, sustanciar y resolver un juicio político basado en una presunta violación a una suspensión dictada por el Poder Judicial de la Federación, materia que —de acuerdo con el proyecto— es de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales federales AR732_2024.
De acuerdo con el análisis contenido en el proyecto, el Congreso potosino incurrió en una invasión de competencias, al calificar de manera unilateral el supuesto incumplimiento de una suspensión de plano otorgada dentro de un juicio de amparo, pese a que dicha acusación ya había sido analizada y declarada infundada por la autoridad judicial competente. Esta actuación, señala el documento, vulnera el principio de división de poderes, la independencia judicial y diversas garantías del debido proceso AR732_2024.
El juicio político tuvo como consecuencia la inhabilitación por 15 años de la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez y de otros exintegrantes del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Sin embargo, el proyecto de resolución establece que el procedimiento legislativo estuvo plagado de irregularidades graves, entre ellas la falta de notificaciones personales, la omisión de acuerdos formales sobre admisión y desahogo de pruebas, contradicciones procesales y deficiencias que colocaron a la parte quejosa en un estado de indefensión material, equiparándola a la figura de “tercero extraño” dentro del procedimiento AR732_2024.
Además del análisis sobre el debido proceso, el proyecto retoma como precedente obligatorio el caso del exalcalde Xavier Nava, resuelto por la propia Suprema Corte el 25 de junio de 2025, en el que se estableció jurisprudencialmente que los congresos locales no tienen atribuciones para calificar el incumplimiento de suspensiones otorgadas en juicios de amparo, criterio de aplicación general en todo el país AR732_2024.
Con base en estos elementos, la propuesta de sentencia plantea modificar la resolución previa, declarar la improcedencia del juicio político y dejar a salvo los derechos humanos de la parte quejosa, al considerar que el Congreso del Estado actuó fuera de su marco constitucional.
El asunto será discutido y votado por el Pleno de la Suprema Corte y de aprobarse el proyecto, la resolución no solo tendría efectos directos sobre las sanciones impuestas, sino que también reafirmaría los límites constitucionales de los poderes legislativos locales frente al Poder Judicial de la Federación, en un contexto de especial relevancia para el equilibrio institucional y el respeto al Estado de Derecho.
