Diputadas del PVEM y PRI buscaban evitar el ajuste inflacionario para usuarios domésticos de zonas residenciales, colocándolos en la misma categoría de zonas populares.
Aunque 14 organismos operadores de agua afirmaron en rueda de prensa que no presentarían incrementos a sus tarifas en sus propuestas ante el Congreso del Estado el pasado 5 de noviembre, esto con la finalidad –argumentaron- de no politizar el tema y demostrar que no son la “caja chica” de sus Ayuntamientos, todos presentaron incrementos, algunos incluso de hasta el 20% en el sector comercial, como DAPAS de Ciudad Valles.
Lo anterior se dio a conocer en la Comisión de Agua, en la cual se comenzó a analizar los criterios para el dictamen de la tarifa de agua durante el 2026.
Luego de que la legisladora morenista Nancy Jeannine García, presidenta de dicha Comisión, cuestionara la incongruencia entre las declaraciones de los titulares de los organismos operadores —entre los cuales se encontraban Matehuala, Cerritos y Ciudad del Maíz— y que en reuniones previas habían expresado su preocupación ante su incapacidad financiera para operar, la legisladora priista Sara Rocha Medina propuso cumplirles su declaración ante medios de comunicación.
Si eso dijeron, pues “cero incrementos”, argumentó, esto ante la posibilidad de asumir ellos el costo político de posibles aumentos a la tarifa del agua.
No obstante, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera pidió no dejarse llevar por las declaraciones mediáticas, pero no sin antes proponer exhibir las contradicciones por medio de un boletín e incluso una rueda de prensa, y concentrarse en las propuestas que presentaron cada uno de los organismos operadores, pues son las que tienen valor jurídico.
Con respecto a la tarifa para el 2026, se acordó trabajar en un dictamen con una homologación de un incremento general a los 21 organismos operadores de agua del 4.93% del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), pero únicamente para las tarifas comercial e industrial.
En el caso del doméstico, la propuesta de la diputada Rocha Medina se proponía cero incrementos, secundada por las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diana Ruelas Gaytán y Gabriela Guadalupe Martínez, recién integrada al Poder Legislativo luego de la licencia indefinida de Patricia Aradillas, hoy concejal presidenta de Villa de Pozos.
Fue entonces cuando, nuevamente, Guajardo Barrera pidió considerar no englobar a todos los usuarios domésticos en el mismo criterio, pues existen sectores como el residencial que sí tienen acceso regular al servicio de agua y además hacen uso del mismo de forma generosa, y otros, como las colonias populares, que tienen irregularidades en la dotación del servicio.
Ante ello, las y los legisladores aprobaron por mayoría preparar un dictamen que contenga ajustes al INPP para el sector doméstico residencial. Este será más sencillo para los organismos que ya cuentan con una estratificación socioeconómica, pero para aquellos donde todo el usuario doméstico se cobra bajo un solo concepto, se les solicitará una propuesta.
